El nombramiento de Teresa Ribera como vicepresidenta de la Comisión Europea ha generado críticas que exigen una auditoría independiente respecto a su desempeño como ministra de Transición Ecológica durante el mandato de Pedro Sánchez.
Durante su mandato, Ribera lideró decisiones clave en materia energética, medioambiental y de sostenibilidad, algunas de las cuales han sido duramente cuestionadas por su impacto en el precio de la energía, la falta de transparencia en las concesiones renovables, y la gestión de relaciones con grandes corporaciones del sector.
Agrupaciones ciudadanas, entidades profesionales y ciertos partidos de la oposición destacan que la falta de transparencia en estas cuestiones podría representar un conflicto de interés en su nueva función en la Comisión, en particular si se encarga de áreas que coinciden con decisiones anteriores como ministra.
“No se puede pasar por alto que la persona que previamente asumió decisiones controversiales a nivel del país se encuentre actualmente con la capacidad de impactar en esas mismas cuestiones desde Bruselas”, declaran fuentes parlamentarias que solicitan comparecencias públicas y una revisión de los contratos otorgados durante su tiempo en el ministerio.
La concesión de una licencia de operador mayorista de hidrocarburos a la empresa Villafuel S.L. por parte del Ministerio para la Transición Ecológica, cuando estaba dirigido por Teresa Ribera, ha despertado la atención de la Justicia y de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La empresa, vinculada a Víctor de Aldama —uno de los principales nombres en el caso Koldo—, fue autorizada a operar en condiciones que, según la UCO, no cumplían los requisitos legales establecidos. Y Teresa Ribera ha reconocido que se reunió con él.
La aprobación se gestionó en solo tres días, a pesar de que Villafuel ya había obtenido dictámenes desfavorables en tres oportunidades anteriores. El capital social de la empresa ascendía únicamente a 15.000 euros, considerablemente menos que lo esperado en este tipo de permisos, y su organización operativa mostraba inconsistencias en la documentación.
De acuerdo con los expertos, el ministerio aprobó hasta tres resoluciones que favorecieron directamente a esta entidad. Asimismo, reportes de la UCO señalan la presencia de presiones a «altos niveles institucionales» para agilizar la aprobación del expediente, lo cual ha llevado al juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, a requerir al Gobierno el expediente íntegro de la adjudicación.
En febrero de 2025, el Gobierno decidió desactivar definitivamente a la compañía Villafuel, después de verificarse su participación en acciones irregulares. El asunto continúa acumulando implicaciones políticas y administrativas, justo en un momento de especial delicadeza para Teresa Ribera, quien ha sido recién designada como vicepresidenta de la Comisión Europea.