La crisis en la Universidad de San Carlos de Guatemala generó una disputa pública entre el presidente Bernardo Arévalo y el diputado Samuel Pérez, quien actúa como aliado del Ejecutivo en el Congreso, y el desacuerdo gira en torno al alcance de las atribuciones presidenciales ante las denuncias vinculadas con la elección de Walter Mazariegos como rector, así como a los límites que fijan la Constitución y la autonomía universitaria.
Pérez cuestionó la decisión del mandatario de esperar las resoluciones judiciales antes de adoptar otras medidas. Arévalo respondió que la Presidencia no puede actuar fuera de las atribuciones que le corresponden y sostuvo que las declaraciones del legislador evidencian un “problema de información” sobre las competencias del Ejecutivo.
La discusión expone dos criterios sobre la forma en que el Gobierno debe responder a una controversia que permanece pendiente de decisiones judiciales. Ambos actores cuestionan la legitimidad de la gestión de Mazariegos, pero difieren en el tipo de actuación que corresponde impulsar desde el poder público.
Diferencias sobre las facultades presidenciales
Samuel Pérez describió como “insuficiente” la postura de Arévalo de limitar las acciones del Ejecutivo a lo que resuelvan las cortes, y afirmó que la Presidencia ha rehuido emplear el “poder público” para aportar a una salida de la crisis universitaria.
Su crítica se dirige a la falta de una intervención más amplia por parte del Gobierno frente a la permanencia de Walter Mazariegos. Pérez considera que la respuesta presidencial no corresponde con el papel que, a su juicio, debería asumir el Ejecutivo ante el conflicto.
Arévalo desestimó esa propuesta durante La Ronda. El mandatario afirmó que existe una falta de comprensión sobre las atribuciones que la Constitución concede al presidente y remarcó que su administración debe acatar los límites legales que rigen su actuación.
Según la postura presidencial, una intervención que exceda esas competencias podría afectar la autonomía de la USAC. Por esa razón, el Ejecutivo ha mantenido su decisión de esperar las resoluciones de los órganos jurisdiccionales y de solicitar que las instituciones correspondientes investiguen las denuncias presentadas durante el proceso de elección de rector.
La diferencia entre ambos funcionarios se sitúa, por tanto, en la interpretación del alcance de la acción presidencial. Pérez reclama una participación más activa, mientras Arévalo sostiene que el conflicto debe tramitarse mediante los procedimientos legales existentes.
Arévalo descarta acusaciones relativas a eventuales pactos
El presidente también negó que existan acuerdos ocultos relacionados con el proceso de elección de las autoridades universitarias. Arévalo afirmó que esos señalamientos no cuentan con sustento y los atribuyó a la falta de información o a la “mala fe” de quienes los han formulado.
El mandatario afirmó que, desde la Presidencia, exhortó a las autoridades judiciales a indagar las denuncias sobre eventuales irregularidades y vulneraciones legales registradas durante el proceso electoral de la universidad, y al mismo tiempo reiteró que su intervención debe ajustarse estrictamente al marco constitucional.
Esta postura deja el avance del conflicto bajo la responsabilidad de las instituciones competentes en la resolución de los procesos judiciales, y para el Ejecutivo, acatar dichos procedimientos implica cumplir con la obligación de no inmiscuirse de manera directa en las decisiones internas de la universidad.
La posición de Pérez introduce una demanda distinta. Si bien el diputado también ha hecho uso de vías judiciales, sostiene que el liderazgo presidencial podría asumir una función más amplia frente a la situación de la USAC.
Perspectiva presenta este intercambio como la primera diferencia pública de opinión entre el Ejecutivo y uno de sus principales aliados legislativos alrededor de la crisis universitaria. El desacuerdo no se refiere a la valoración de la gestión de Mazariegos, sino a los instrumentos que deben emplearse para responder a ella.
Pérez impulsa acciones judiciales contra Mazariegos
Mientras cuestiona la labor del presidente, Samuel Pérez impulsa una ofensiva judicial contra Walter Mazariegos, que incluye la presentación de denuncias penales por un presunto abuso de autoridad.
El diputado combina así sus críticas políticas con el uso de procedimientos legales. Su posición sostiene que la espera de las resoluciones judiciales no debería impedir que el Ejecutivo ejerza otras formas de liderazgo dentro de sus atribuciones.
Arévalo, por su parte, sostiene que toda decisión debe prevenir cualquier vulneración de la autonomía universitaria o una intervención susceptible de ser objetada por sobrepasar las facultades presidenciales. Su pronunciamiento refuerza una postura de cautela institucional sustentada en la separación de responsabilidades entre el Ejecutivo, las autoridades universitarias y los órganos de justicia.
La controversia genera una tensión adicional entre la Presidencia y uno de sus aliados legislativos, y al mismo tiempo evidencia un desacuerdo sobre la forma adecuada de emplear el poder estatal frente a una crisis institucional: por un lado, una intervención política más decidida, como propone Pérez, y por otro, la adhesión estricta a los procesos judiciales y a los límites constitucionales, postura que defiende Arévalo.
La situación de la USAC permanece ligada a las investigaciones y resoluciones aún pendientes; hasta que esas determinaciones se emitan, el debate entre ambos actores seguirá centrado en el alcance de la autoridad presidencial, la autonomía universitaria y los mecanismos institucionales disponibles para atender las denuncias relacionadas con la elección de rector.
