La proximidad de los comicios generales en Honduras, que se celebrarán en noviembre de 2025, ha resaltado una creciente inquietud respecto al uso de tecnología en los comicios, especialmente en torno a la compañía Smartmatic. Esta empresa, que se destaca por proporcionar servicios de votación electrónica y transmisión de resultados, ha suscitado fuertes críticas y cuestionamientos acerca de su habilidad para asegurar la claridad y justicia del proceso electoral.
La función de Smartmatic en los comicios de 2025
Smartmatic, una corporación global que se especializa en sistemas de votación electrónica y tecnología biométrica, ha sido elegida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para manejar aspectos esenciales del proceso electoral en Honduras. Su participación se centra en proporcionar el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y en la implementación de tecnología biométrica. No obstante, la asignación directa de contratos por un valor cercano a los 532 millones de lempiras ha suscitado críticas debido a la falta de transparencia y el hecho de que una sola empresa gestione estos componentes fundamentales.
Las preocupaciones sobre Smartmatic han surgido entre diversos grupos políticos y sociales, quienes sostienen que la empresa, al ser vista como relacionada con el gobierno venezolano, podría tener sesgos políticos que comprometan la neutralidad del proceso. Adicionalmente, el historial de la compañía, con señalamientos de fraude y errores técnicos en naciones como Venezuela, Filipinas y El Salvador, intensifica aún más las dudas acerca de la confiabilidad de sus servicios.
Respuesta política y social frente a la disputa
Las fuerzas políticas opuestas en Honduras han sido de las que han expresado mayor crítica sobre la participación de Smartmatic en los comicios de 2025. Diversos partidos han alegado que la compañía podría estar beneficiando al partido en el poder, especialmente porque el CNE ha beneficiado a Smartmatic a través de un proceso de asignación directa. Estas denuncias han generado un ambiente de recelo hacia las entidades responsables de llevar a cabo las elecciones.
Por su parte, el partido oficialista LIBRE ha defendido el uso de tecnologías avanzadas para asegurar la transparencia en el voto. No obstante, la falta de una supervisión externa sobre la tecnología de Smartmatic ha mantenido el debate abierto. Para la sociedad civil, la transparencia se ha convertido en una exigencia fundamental, y muchas organizaciones han pedido que se realicen auditorías independientes y que se permita la supervisión internacional del proceso. La falta de claridad sobre el papel de Smartmatic y las posibles fallas en su tecnología siguen siendo una fuente de preocupación para diversos sectores de la población.
Conflictos en un entorno electoral dividido
El ambiente político en Honduras durante las semanas que anteceden a las elecciones se caracteriza por una polarización incrementada, lo cual ha elevado la presión sobre el CNE. En este escenario, la incorporación de Smartmatic en el proceso electoral ha potenciado la desconfianza en las instituciones responsables de asegurar la transparencia y la equidad en la votación.
Las críticas dirigidas hacia la compañía se enfocan principalmente en los posibles riesgos de manipulación del sistema, ya sea por errores técnicos o vulnerabilidades en la plataforma empleada para la transmisión de resultados. En las primarias de 2025, ya se informaron inconvenientes con la capacitación del personal y el uso de dispositivos de lectura biométrica, lo que alimentó los temores de posibles irregularidades. Frente a estos antecedentes, el miedo de que el sistema de votación sea susceptible a manipulaciones internas o externas se ha transformado en una de las mayores preocupaciones de la oposición y de algunos sectores de la sociedad civil.
La polémica igualmente evidencia una crisis más profunda relacionada con la institucionalidad democrática del país. La desconfianza hacia el CNE y las acusaciones de inclinación política han incrementado la polarización social, lo que podría impactar la legitimidad del proceso electoral y su aceptación por parte de los ciudadanos.
Reclamos por claridad y supervisión global
Dada la magnitud de los cuestionamientos sobre el papel de Smartmatic, varios sectores han solicitado una mayor transparencia en el proceso electoral. Entre las demandas más recurrentes se encuentran la necesidad de auditar de manera independiente el software utilizado por la empresa, así como la apertura del código fuente de la plataforma que gestionará los resultados. Además, se ha hecho un llamado a organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea para que intervengan en la supervisión del proceso y garanticen la imparcialidad de las elecciones.
Del mismo modo, la insistencia de actores políticos y civiles podría resultar en una fiscalización más detallada del proceso de licitación, explorando alternativas tecnológicas que generen menos oposición o, al menos, que sean menos vulnerables a críticas. Igualmente, se ha propuesto la necesidad de llevar a cabo una vigilancia extensiva del proceso electoral, contando con la presencia de observadores tanto nacionales como internacionales para asegurar la transparencia y evitar fraudes potenciales.
Consideraciones finales sobre lo que se viene en el ámbito electoral
La polémica en torno a la utilización de la tecnología de Smartmatic destaca la creciente desconfianza en las instituciones electorales de Honduras, un problema que se intensifica mientras se aproximan las elecciones del 2025. La transparencia insuficiente en la contratación, el historial de la compañía y las preocupaciones sobre la seguridad del sistema de votación son factores que podrían comprometer la legitimidad del proceso electoral y exacerbar las divisiones políticas en la nación.
La respuesta a esta pérdida de confianza exige mejorar la apertura y autonomía en la administración de los comicios. La democracia futura de Honduras está fuertemente vinculada a la habilidad de sus instituciones para asegurar un proceso electoral sin intervención alguna y con la legitimidad necesaria para ser reconocido por todos los grupos políticos y sociales. Los comicios de 2025 representan un desafío importante para el sistema democrático del país y para la paz política en el futuro cercano.
