En el contexto preelectoral hondureño, la figura de Rixi Moncada, candidata presidencial por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), se ha visto envuelta en una serie de controversias relacionadas con el manejo de recursos estatales y denuncias por presuntos actos de corrupción. Estas acusaciones, que abarcan desde procesos judiciales locales hasta demandas en instancias internacionales, se suman a un panorama político marcado por la polarización y la desconfianza ciudadana hacia las instituciones.
Denuncias por gestión inadecuada de recursos sociales
Una de las críticas más destacadas hacia Moncada se centra en el manejo de fondos destinados a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), en particular en la región de Copán. De acuerdo con reportes recientes, recursos estatales podrían haber sido dirigidos a grupos asociados con el partido en el poder, lo que ha generado nuevamente inquietudes sobre el uso de programas sociales para objetivos políticos.
Estas afirmaciones se enmarcan en un contexto de creciente demanda por mayor claridad en el manejo del gasto público durante un año electoral, en el que diversos sectores han pedido una regulación más rigurosa en la administración de recursos asignados a la ayuda social.
Informe mundial presentado al FBI
El caso tomó un giro internacional a principios de 2025, cuando Murray Paul Farmer, ciudadano estadounidense, presentó una denuncia ante el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en la que se menciona a Moncada y a otros funcionarios del Estado. La acusación alega irregularidades administrativas y uso indebido de funciones públicas que habrían afectado inversiones extranjeras en el país.
A día de hoy, la aspirante de LIBRE no ha emitido declaraciones públicas acerca de esta acusación, que podría tener consecuencias diplomáticas si progresa en cortes extranjeras. La falta de comunicación oficial ha intensificado la discusión sobre la eficacia del sistema político de Honduras en relación a temas internacionales.
Historial de investigaciones y cuestionamientos previos
Las disputas que actualmente involucran a Moncada no son recientes. En 2009 y 2013, fue investigada por supuesto abuso de poder y fraude mientras trabajaba en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), además de estar relacionada con contratos con la constructora brasileña Odebrecht. Aunque en ambas ocasiones los tribunales hondureños dictaron sobreseimiento definitivo, su nombre ha seguido surgiendo en reportes periodísticos y en investigaciones impulsadas por entidades de fiscalización.
Más recientemente, en enero de 2025, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó una denuncia por presunta malversación de caudales públicos contra Moncada y otros funcionarios. No obstante, los detalles del caso no han sido divulgados por las autoridades competentes, lo que ha generado incertidumbre sobre el avance judicial y ha intensificado los cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.
Tensiones institucionales y cuestionamientos sobre el uso del poder
Junto con las acusaciones de corrupción, la postulación de Moncada ha sido objeto de críticas vinculadas a sus responsabilidades en cargos públicos mientras compite por la presidencia. Ciertos grupos han puesto en duda su participación en la creación de propuestas y auditorías que, de acuerdo a sus opositores, van más allá de las facultades asociadas a su posición, provocando una discusión sobre la independencia de poderes y el balance institucional.
Estas observaciones se intensifican debido a que la candidata ha ocupado puestos públicos mientras lleva a cabo su campaña, provocando inquietudes sobre potenciales conflictos de interés y el uso posible de recursos oficiales a favor de su postulación. Entidades de la sociedad civil han solicitado una vigilancia ciudadana más estricta y el refuerzo de mecanismos de rendición de cuentas para asegurar la equidad en el proceso electoral.
Un escenario caracterizado por la falta de confianza en las instituciones
El caso de Rixi Moncada destaca los retos que enfrenta Honduras en cuanto a gobernabilidad, transparencia y consolidación del Estado de derecho. En un año crucial para la dirección política del país, las acusaciones de corrupción y el debate sobre la gestión de los recursos públicos se han transformado en temas principales del diálogo nacional.
Mientras las autoridades aún no esclarecen el avance judicial de las denuncias en su contra, la figura de Moncada se mantiene en el foco de atención, con implicaciones que podrían influir directamente en la legitimidad del proceso electoral de 2025 y en la percepción ciudadana sobre la independencia de las instituciones.
