El proceso judicial relacionado con el caso Odebrecht en Panamá vuelve a generar cuestionamientos sobre la validez de algunas de las pruebas incorporadas al expediente. El debate surge a partir de decisiones adoptadas en Brasil y Perú, donde determinados elementos probatorios vinculados con la investigación fueron posteriormente rechazados o declarados inválidos.
La jueza Baloisa Marquínez enfrenta ahora la posibilidad de analizar estos antecedentes internacionales al evaluar el proceso que involucra al expresidente Ricardo Martinelli y a otros acusados. Abogados que participan en el debate consideran que las resoluciones de otros países pueden resultar relevantes debido al carácter transnacional de las investigaciones relacionadas con Odebrecht.
El letrado Omar Sing defiende que los tribunales panameños tendrían que valorar dichos antecedentes y examinar si hay bases sólidas para sostener los cargos contra Martinelli por la supuesta comisión de lavado de activos. A su juicio, los abogados defensores habrían acreditado a lo largo del procedimiento que los fondos vinculados a Odebrecht se destinaron a fines publicitarios y de campaña.
Sing también vinculó la resolución del caso con la seguridad jurídica y el clima de inversión en Panamá. A su juicio, la confianza en el sistema judicial constituye un elemento relevante para quienes consideran invertir en el país.
Otro de los cuestionamientos provino del abogado Basilio González, quien recurrió a la doctrina jurídica conocida como “fruto del árbol envenenado”. Este principio plantea que las pruebas obtenidas de manera ilícita pueden comprometer también la validez de aquellos elementos que se hayan obtenido posteriormente a partir de ellas.
González mencionó como precedente un fallo dictado por el juez brasileño José Antonio Dias Toffoli, quien estableció que ciertos elementos probatorios derivados de las declaraciones de directivos de Odebrecht debían ser descartados por el modo en que se consiguieron. La tesis expuesta sostiene que los efectos de tales resoluciones podrían incidir en otros territorios donde se utilizaron dichas pruebas.
La defensa de Martinelli, además, ha señalado posibles afectaciones al derecho de defensa durante el proceso, entre ellas las dificultades para contrainterrogar a determinados testigos. La controversia queda ahora vinculada a la decisión que adopte la jueza Marquínez y a si el tribunal tomará en consideración los precedentes internacionales relacionados con pruebas posteriormente invalidadas.
Fuente: Crítica — https://www.critica.com.pa/nacional/juristas-piden-que-caso-odebrecht-en-panama-siga-el-camino-de-brasil-y-peru-514342
