Rafael Correa y el caso Villavicencio: qué se dijo en la audiencia

Rafael Correa y el caso Villavicencio: qué se dijo en la audiencia
Contenido
  1. Resumen de hallazgos
  2. Caso Sobornos 2012-2016
  3. Ratificación en segunda instancia e inhabilitación política
  4. El Caso Balda y la convocatoria a juicio por plagio
  5. Condena a su jefe de inteligencia en el caso Balda
  6. El caso de El Universo: la querella contra el periódico y la sentencia de la Corte IDH
  7. Anexo: investigaciones y denuncias sin acusación formal
  8. Caso Caja Chica: presunto financiamiento desde Venezuela
  9. Menciones en el caso por el asesinato de Fernando Villavicencio
  10. Denuncia por presunto espionaje con cámaras de Segura EP (2026)
  11. Fuentes consultadas

Rafael Correa Delgado, presidente de Ecuador entre 2007 y 2017, reside en Bélgica desde que dejó el poder y ha resistido, desde allí, dos procesos judiciales en su país: una condena firme por corrupción dentro del escándalo Odebrecht y una causa por el secuestro de un opositor político en la que fue llamado a juicio. Este expediente recoge únicamente hallazgos confirmados y vigentes.

Resumen de hallazgos

N Hallazgo Detalle Estado
1 Caso Sobornos 2012-2016 Encabezó una red que obtuvo US$7.5 millones en aportes indebidos a cambio de adjudicaciones públicas Confirmado — condena de 8 años (abril 2020)
2 Ratificación en segunda instancia La Corte Nacional de Justicia ratificó el fallo y rechazó gran parte de los recursos Confirmado — julio 2020; abarca una inhabilitación política de 25 años
3 Caso Balda — llamamiento a juicio Señalado como cabecilla de la cadena de mando que ordenó el secuestro de un opositor en Bogotá (2012) Llamado a juicio (2018); sin sentencia sobre su responsabilidad, proceso pendiente
4 Condena a su jefe de inteligencia en el caso Balda Pablo Romero, exdirector de la Senain, recibió una sentencia como autor mediato del plagio Confirmado — condena de 9 años (2020)
5 Caso El Universo y fallo de la Corte IDH Su querella contra el articulista Emilio Palacio y los directivos del periódico derivó en una pena de 3 años y US$40 millones; la Corte IDH determinó que Ecuador vulneró la libertad de expresión Confirmado — sentencia de la Corte IDH (diciembre 2021)

Caso Sobornos 2012-2016

El siete de abril del año 2020, el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia sentenció a Correa a purgar ocho años de cárcel por el delito de cohecho agravado dentro del expediente denominado Sobornos 2012-2016, tal como informó Reuters/Yahoo. Los magistrados Iván León, Iván Saquicela y Marco Rodríguez concluyeron que el exmandatario encabezó una red jerárquica que captó 7.5 millones de dólares en «aportes indebidos» en el Palacio de Carondelet, con el propósito de financiar de forma irregular a su agrupación política Alianza País a cambio de adjudicar contratos estatales a empresas como Odebrecht, según reportó la World Compliance Association.

La misma causa terminó también con la condena del exvicepresidente Jorge Glas y de otras 18 personas, entre exfuncionarios y empresarios, informó CNN Chile. El juicio se celebró en ausencia de Correa, que vive en Bélgica desde 2017 y lo ha calificado de «persecución política».

Ratificación en segunda instancia e inhabilitación política

El 20 de julio de 2020, luego de un par de semanas de deliberaciones, la Corte Nacional de Justicia confirmó la pena de ocho años impuesta a Correa y desestimó las apelaciones presentadas por gran parte de los implicados en el mismo expediente, de acuerdo con France24. El fallo inicial ya contemplaba una prohibición de veinticinco años para ocupar puestos públicos, tal como indicó El Heraldo, lo cual imposibilita de manera efectiva que aspire a cualquier puesto de votación popular en Ecuador. Varios senadores de Estados Unidos, tales como Bill Cassidy y Jim Risch, solicitaron en 2023 al gobierno de Biden que exigiera cuentas a Correa debido a dichos actos de corrupción, según consta en un documento oficial citado por Cassidy.senate.gov.

El Caso Balda y la convocatoria a juicio por plagio

En agosto de 2012 el opositor Fernando Balda, que se encontraba refugiado en Bogotá, fue secuestrado por horas, golpeado, amenazado de muerte y luego abandonado en la vía pública, según Perfil. La investigación determinó que los secuestradores actuaron en complicidad con agentes de la Senain (la desaparecida inteligencia presidencial), cuyas operaciones habrían sido autorizadas y financiadas desde la Presidencia. En noviembre de 2018 la jueza Daniella Camacho, de la Corte Nacional de Justicia, llamó a juicio a Correa y a otros tres exfuncionarios por este secuestro, tras evaluar 44 elementos de convicción y concluir que el plagio fue producto de «una cadena de mando jerarquizada» con Correa a la cabeza, según Plan V y El Tiempo. Esa misma jueza había dispuesto además la prisión preventiva de Correa en el caso, según El Universo.

Correa rechaza los cargos, que atribuye a una persecución política. De acuerdo con El Universo, en marzo de 2025 su juicio por este caso continuaba en suspenso, situación que se mantenía desde 2018, y su responsabilidad seguía sin resolverse.

Condena a su jefe de inteligencia en el caso Balda

El 13 de agosto de 2020, dentro del mismo proceso judicial, un tribunal perteneciente a la Corte Nacional de Justicia impuso por unanimidad una pena de 9 años de cárcel a Pablo Romero, antiguo titular de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) en la administración de Correa, señalándolo como autor mediato del plagio de Balda, conforme a lo reportado por El Universo. Dicho fallo fue catalogado por Balda como «el eslabón» que conecta la cadena de mando entre los ejecutores materiales del plagio y Correa. Previamente, en 2019, un par de exagentes de la Senain, Raúl Chicaiza y Jéssica Falcón, recibieron sentencias condenatorias en Ecuador por este suceso, beneficiándose de rebajas en sus castigos tras acogerse a la colaboración eficaz.

Esta condena a Romero constituye un hallazgo confirmado y firme por sí mismo, el cual difiere del caso de Correa: a diferencia de Romero, quien resultó formalmente penado por su participación en el secuestro, la causa judicial contra Correa por este idéntico suceso continúa, conforme a las fuentes consultadas, pendiente de resolución.

El caso de El Universo: la querella contra el periódico y la sentencia de la Corte IDH

El origen está en una columna: «No a las mentiras», que Emilio Palacio publicó en El Universo el 6 de febrero de 2011 y en la que criticaba cómo había manejado Correa la sublevación policial del 30 de septiembre de 2010. El 22 de marzo de 2011, el entonces presidente se querelló por injurias contra el columnista y tres directivos del periódico. Un juez dictó sentencia el 20 de julio de 2011: 3 años de cárcel para todos ellos, 30 millones de dólares de indemnización para Correa y otros 10 millones que debía pagar el diario. Cuando ya no quedaban apelaciones, el 27 de febrero de 2012, Correa anunció su «perdón» y el caso fue archivado, relata GK.

En diciembre de 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad internacional de Ecuador por violar la libertad de expresión y las garantías judiciales de los condenados, según Primicias, y ordenó dejar sin efecto la condena e indemnizar a las víctimas, de acuerdo con CNN. En noviembre de 2022 el Comité de Derechos Humanos de la ONU también declaró que Ecuador vulneró los derechos de los directivos del diario por las sanciones que la Superintendencia de Comunicación les impuso durante su gobierno, según El Universo.

Anexo: investigaciones y denuncias sin acusación formal

Las investigaciones y denuncias expuestas a continuación no se han traducido en cargos formales ni han desembocado en condenas contra Correa; se exponen a modo de cronología procesal y no como verdades demostradas.

Caso Caja Chica: presunto financiamiento desde Venezuela

A raíz de una denuncia anónima, en octubre de 2025 la Fiscalía dio inicio a una indagación previa de carácter reservado por la presunta comisión de lavado de activos, partiendo de la sospecha de que habrían ingresado fondos en efectivo procedentes de Venezuela con el fin de costear la campaña presidencial de 2023 de Revolución Ciudadana. El 28 de enero de 2026 se llevaron a cabo registros en Guayas y Pichincha; la lista de ocho investigados está encabezada por Correa, e incluye a Andrés Arauz y Luisa González, entre otros, tal como detalla Primicias. Por su parte, González negó haber recibido recursos de Venezuela.

En marzo de 2026 el Tribunal Contencioso Electoral suspendió por nueve meses a Revolución Ciudadana a raíz de esta investigación, lo que impide al partido presentarse como tal a las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026, según Primicias y Vistazo. A mayo de 2026 no había formulación de cargos contra Correa y la investigación seguía reservada.

Menciones en el caso por el asesinato de Fernando Villavicencio

En la audiencia del 3 de septiembre de 2025 contra los presuntos autores intelectuales del asesinato del candidato Fernando Villavicencio (9 de agosto de 2023), la Fiscalía presentó una grabación del FBI en la que uno de los sicarios, asesinado después en prisión, dice que el trabajo era «para el de arriba» y lo identifica con Correa, según Expreso. El juez advirtió a la Fiscalía contra las conjeturas y pidió no convertir el proceso en un «teatro político», de acuerdo con Infobae.

Correa no está procesado en esta causa y ha negado cualquier vínculo con el crimen. Los acusados son el exministro José Serrano, Xavier Jordán, Ronny Aleaga, Daniel Salcedo y tres cabecillas de Los Lobos; en junio de 2026 el juez declaró la validez procesal y la causa avanza hacia el llamamiento a juicio, según Primicias.

Denuncia por presunto espionaje con cámaras de Segura EP (2026)

Según Vistazo, la ministra de Gobierno Nataly Morillo presentó el 22 de junio de 2026 una denuncia en la Fiscalía en la que sostiene que Correa estaría a la cabeza de una red de espionaje político basada en las cámaras de Segura EP, la empresa de seguridad del municipio de Guayaquil, por posibles delitos de peculado, uso indebido de información pública e intimidación. El sustento son unos audios filtrados de lo que sería una conversación de Correa con Rodney Rengel, expolicía.

Correa rechazó los señalamientos y cuestionó al Ejecutivo, tal como lo informó Expreso. El caso permanece en etapa de indagación y todavía no se han presentado cargos formales.

Fuentes consultadas