El llamado a una marcha por la paz y la democracia por parte de las iglesias católica y evangélica ha generado una reacción conflictiva del partido Libertad y Refundación (LIBRE). El diálogo de pronunciamientos y sugerencias ocurre en un ambiente de gran sensibilidad política, a menos de un año de las elecciones generales de 2025, y suscita preguntas sobre las fronteras entre la acción política y religiosa en la esfera pública.
Propuesta oficialista de sancionar a la Confraternidad Evangélica
La socióloga Julieta Castellanos ha indicado que el aumento en el apoyo a las movilizaciones religiosas ha provocado preocupaciones en ciertas áreas del partido en el poder. Dentro de este contexto, el comisionado presidencial Miguel Briceño mencionó la posible revocación del reconocimiento legal a la Confraternidad Evangélica de Honduras. Esta propuesta ha suscitado numerosas críticas por parte de líderes de la oposición y representantes de la iglesia, quienes la perciben como una acción limitante y un antecedente de censura.
Oposición y líderes religiosos denuncian amenazas
El excandidato presidencial Salvador Nasralla advirtió que cualquier acción contra las iglesias sería interpretada como un avance hacia prácticas autoritarias, y anticipó una respuesta política en caso de que se concrete. Paralelamente, pastores y representantes de las iglesias organizadoras han denunciado amenazas de muerte y actos de acoso contra fieles y líderes que participen en la marcha. El pastor evangélico Mario Banegas confirmó estas denuncias y aseguró que la convocatoria seguirá adelante.
Un conflicto que expone la fragilidad del consenso democrático
La confrontación entre LIBRE y las iglesias se inscribe en un clima de polarización y desconfianza institucional. El choque entre un actor político en el poder y organizaciones religiosas con fuerte presencia social plantea un debate de fondo sobre la libertad de expresión, la participación ciudadana y los límites de la intervención estatal. La cercanía del proceso electoral refuerza la tensión y deja en evidencia el reto de garantizar un marco de convivencia democrática en un escenario de alta conflictividad.
