A escasos días de los comicios generales de 2025, varias entidades de la sociedad civil alertaron que la gestión del proceso electoral presenta obstáculos que podrían mermar su fiabilidad. Destacaron que la polarización constante, los desacuerdos sobre la legislación electoral y las disputas relacionadas con la designación de los funcionarios electorales han elevado el escrutinio ciudadano sobre la fortaleza institucional de la nación.
Disposiciones fundamentales y conflictos entre las ramas gubernamentales
Los comunicados subrayaron que la observancia de las disposiciones constitucionales resultará crucial para preservar la credibilidad pública. La responsabilidad, señalaron, recae en el Congreso Nacional, la Fiscalía General, las Fuerzas Armadas y el Poder Ejecutivo, abarcando a los miembros afiliados al partido LIBRE, en su habilidad para operar dentro del marco legal.
Las organizaciones insistieron en que la participación militar debe restringirse a su función logística, definida en la Constitución, sin asumir roles interpretados como partidistas. También señalaron que el Congreso y el Ejecutivo requieren evitar declaraciones anticipadas sobre los resultados electorales, debido a que ese tipo de mensajes podría generar tensiones sociales en un clima ya marcado por la confrontación política.
En paralelo, resaltaron que la actuación del Consejo Nacional Electoral (CNE) resultará crucial. Se espera que conserve principios de autonomía, claridad y puntualidad en cada fase del procedimiento para garantizar la pulcritud en la gestión electoral.
Autonomía en la supervisión de comicios
Las organizaciones consideraron que la observación nacional e internacional puede desempeñar un papel relevante para fortalecer la legitimidad del proceso. Aludieron a misiones como las de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos, cuyas evaluaciones pueden contribuir al fortalecimiento de la rendición de cuentas institucional.
Este acompañamiento, señalaron, permitiría reforzar la percepción de neutralidad en momentos donde aumenta la competencia política y la ciudadanía demanda garantías sobre la integridad del voto. La presencia de observadores locales también fue subrayada como un componente útil para acercar la vigilancia electoral a las comunidades y ampliar la participación social.
Interlocución internacional y compromisos hemisféricos
En el llamado dirigido a los Estados Unidos, las organizaciones solicitaron un apoyo “constructivo” que se articule con autoridades nacionales, sectores políticos y sociedad civil. Indicaron que el objetivo es proteger la transparencia y la legitimidad del proceso, bajo los principios de la Carta Democrática Interamericana.
Afirmaron que un acompañamiento respetuoso a los estándares democráticos puede contribuir a que las elecciones de 2025 reflejen la expresión del electorado hondureño en un entorno político complejo. La interlocución internacional, añadieron, puede convertirse en un mecanismo que incentive el cumplimiento de responsabilidades institucionales y reduzca los incentivos para prácticas que erosionen la confianza pública.
La declaración conjunta concluyó con la firma de representantes de organizaciones con presencia regional y hemisférica, entre ellas Seattle International Foundation (SIF), Hope Border Institute, Latin America Working Group (LAWG), Chicago Religious Leadership Network on Latin America (CRLN), Alianza Americas, Due Process of Law Foundation (DPLF), Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), Washington Office on Latin America (WOLA) y Unitarian Universalist Service Committee (UUSC).
El escenario descrito por estas organizaciones expone las tensiones que rodean al proceso electoral de 2025 y subraya la necesidad de que las instituciones hondureñas actúen dentro de los marcos establecidos. La atención nacional e internacional se mantiene sobre factores como la estabilidad política, la actuación de los poderes del Estado y la participación ciudadana, todos elementos que influirán en la percepción de la integridad electoral en un momento clave para la gobernabilidad democrática del país.
