La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), diseñada como eje de la política social del actual gobierno, se ha convertido en el centro de una grave crisis política que compromete tanto la credibilidad del oficialismo como el futuro del proyecto político impulsado por la presidenta Xiomara Castro. La revelación de un presunto esquema de desvío de fondos públicos con fines partidarios ha detonado un escándalo que amenaza con socavar uno de los pilares discursivos del gobierno: la lucha contra la corrupción.
Acusaciones sobre el uso de recursos sociales con fines electorales
Las primeras averiguaciones, sostenidas por filtraciones y revisiones internas, señalan el uso indebido de fondos que debían ser para programas sociales, desviándolos hacia organizaciones relacionadas con el partido Libertad y Refundación (LIBRE). Un audio entre el exministro de SEDESOL, José Carlos Cardona, y la diputada del partido gobernante, Isis Cuéllar, mostró un acuerdo para enviar dinero a 23 entidades del partido mediante «kits millonarios». La grabación, hecha pública, ha sido vista como una prueba clara de la utilización de recursos estatales con propósitos políticos.
Los documentos oficiales registran pagos de hasta 163.000 lempiras otorgados a individuos con conexiones políticas, como legisladores, aspirantes, empleados administrativos y familiares de autoridades. La utilización genuina de estos recursos, teóricamente dirigidos a iniciativas de emprendimiento, ha sido cuestionada por entidades ciudadanas y grupos opositores, quienes acusan un desvío sistemático de los propósitos iniciales de la estrategia social.
Dimisión del ministro y crisis institucional
En respuesta a la presión pública y al crecimiento del escándalo, José Carlos Cardona presentó su renuncia al frente de la Secretaría. Paralelamente, el Ministerio Público ha iniciado investigaciones sobre al menos 40 transacciones por un monto total de 4.7 millones de lempiras. Aunque el presupuesto aprobado para SEDESOL en 2024 ronda los 950 millones, las denuncias sobre falta de controles y transparencia en la ejecución presupuestaria han generado cuestionamientos más amplios sobre la institucionalidad de los programas sociales.
La presidenta Castro ha exigido auditorías inmediatas, pero desde dentro del propio oficialismo han surgido críticas. Sectores como el Frente Nacional de Resistencia Popular, una de las bases fundacionales del partido en el poder, han condenado lo que llaman un “reparto descarado” de recursos, alertando sobre la creación de una estructura paralela a la institucionalidad estatal. Estas tensiones internas reflejan una creciente desconfianza, incluso entre quienes respaldaron el proyecto de cambio promovido desde el año 2021.
Erosión del capital político y riesgo electoral
La situación actual plantea un desafío serio para la estabilidad del gobierno y su proyección hacia las elecciones de 2025. El uso de fondos públicos con fines proselitistas no solo ha impactado la imagen del Ejecutivo, sino que ha reactivado el debate sobre la integridad del sistema electoral hondureño. La fragmentación del Congreso y la tensión dentro del bloque oficialista dificultan cualquier intento de recomposición inmediata.
El caso SEDESOL se inscribe en un contexto más amplio de descontento social frente a la persistencia de prácticas clientelistas y la falta de rendición de cuentas. El desencanto ciudadano contrasta con las expectativas generadas durante la campaña electoral que llevó a Xiomara Castro al poder con la promesa de refundar el Estado y erradicar las estructuras de corrupción heredadas.
Un desafío a la gobernabilidad y la legitimidad democrática
La problemática en SEDESOL ha revelado las fronteras del plan del gobierno en comparación con las costumbres políticas de antaño. A pesar de que la presidenta ha subrayado su dedicación a la transparencia, el progreso de las indagaciones decidirá si las medidas oficiales consiguen mitigar el perjuicio a las instituciones o si, en cambio, fortalecen la sensación de persistencia en la impunidad.
A menos de un año del inicio del calendario electoral, el oficialismo enfrenta el reto de sostener su legitimidad ante una ciudadanía que exige respuestas más allá de auditorías simbólicas. El caso también plantea interrogantes sobre el papel de los mecanismos de control y fiscalización dentro del Estado, así como sobre la capacidad del sistema político para procesar conflictos de esta magnitud sin recurrir a salidas excepcionales.
El escándalo en la Secretaría de Desarrollo Social revela una división en el sistema gubernamental, cuya solución podría influir en las elecciones y en el proyecto político que ascendió al poder con el compromiso de transformar el país profundamente.
