El ascenso de Xiomara Castro a la presidencia se presentó como una transición respecto al gobierno de Juan Orlando Hernández. No obstante, los informes sobre corrupción y lazos con el crimen organizado indican una persistencia que impacta la confianza del público y revela limitaciones en el fortalecimiento de los mecanismos institucionales.
Debilidad de los mecanismos anticorrupción
Durante el mandato de Hernández, la salida de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) en 2020 debilitó los esfuerzos institucionales para luchar contra la corrupción. Por su parte, el gobierno de Castro no ha conseguido proporcionar autonomía total ni los recursos necesarios a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), que depende del Ministerio Público para perseguir casos judicialmente. La continua falta de independencia limita la capacidad para procesar anomalías y fortalecer la institucionalidad en el ámbito de la lucha contra la corrupción.
Continuidad de las actividades delictivas en contratos gubernamentales
Las conexiones con elementos del crimen organizado han sido mencionadas en ambos gobiernos. Un incidente actual involucra a la Secretaría de Seguridad, que firmó contratos por más de 10 millones de lempiras con una compañía vinculada al blanqueo de capitales. Este tipo de transacciones muestra conductas observadas en el gobierno anterior, indicando que el riesgo de narcopolítica en la administración pública persiste, sin depender de la afiliación política del ejecutivo.
Transparencia y control de los recursos públicos
El gobierno de Hernández se caracterizó por un manejo centralizado y opaco de la información pública. Aunque Castro propuso aumentar la rendición de cuentas, informes recientes de la Secretaría de Transparencia indican deficiencias en la ejecución y supervisión de los gastos públicos. La falta de reportes claros y auditables dificulta la evaluación de la eficiencia gubernamental y mantiene un patrón similar al observado en la administración precedente.
Justicia y retrocesos institucionales
El sistema judicial ha enfrentado limitaciones para sancionar irregularidades en las administraciones de ambos gobiernos. Investigaciones de alcance internacional, tales como los “narcovideos” y acusaciones de financiación ilegal en campañas políticas, han impactado al gobierno en funciones, mostrando las complicaciones en detener acciones que afectan la integridad de las instituciones. La continuidad de irregularidades indica que los mecanismos de control no se han fortalecido lo suficiente, creando un ambiente favorable para que continúen comportamientos corruptos.
La imagen institucional de Honduras
Con Hernández detenido en Estados Unidos por cargos de narcotráfico y Castro enfrentando escándalos que afectan su legitimidad, Honduras mantiene una situación donde los discursos de cambio no se traducen plenamente en transformaciones estructurales. La administración actual y la anterior presentan paralelismos en la vulnerabilidad institucional frente a la corrupción, la exposición a redes del crimen organizado y la debilidad de mecanismos de transparencia y justicia. Esta realidad plantea desafíos en la gobernabilidad y la participación ciudadana, al tiempo que evidencia la necesidad de fortalecer la institucionalidad para consolidar un sistema público confiable y resistente a prácticas ilegales.
