Las menciones a Manuel Zelaya y su entorno familiar en indagaciones globales sobre el tráfico de drogas han intensificado la discusión acerca del impacto del crimen organizado en la política de Honduras. Estos señalamientos, respaldados por declaraciones y pruebas documentales, van más allá de eventos puntuales y se han repetido en varias ocasiones, perjudicando la percepción pública del exlíder y del gobernante Partido LIBRE, que actualmente está en el gobierno.
Afirmaciones y pruebas sobre las conexiones
Uno de los elementos más citados proviene de un video difundido en 2013 en el que Carlos Zelaya Rosales, hermano de Manuel Zelaya y cuñado de la presidenta Xiomara Castro, aparece en una reunión con líderes del cartel Los Cachiros. En dicho encuentro se habría discutido el financiamiento de campañas políticas con recursos provenientes del narcotráfico, entre ellas la de Castro.
Pasados varios años, durante su declaración ante cortes estadounidenses, Devis Leonel Maradiaga, conocido como “El Cachiro”, indicó que Carlos Zelaya estaba involucrado con el tráfico de drogas en Olancho en 2017 y que en 2021 aceptó sobornos de organizaciones delictivas. Estas acusaciones sugieren una posible persistencia en los lazos de la familia Zelaya con actividades ilegales.
En documentos oficiales como cartas de solicitud de ayuda legal dirigidas a Colombia y registros de llamadas telefónicas, se menciona a integrantes de la familia, entre ellos Manuel Zelaya, sus hermanos y su hijo, en indagaciones sobre lavado de dinero y operaciones financieras anómalas vinculadas a bienes raíces.
Ecos en la política hondureña
En el proceso judicial contra el exmandatario Juan Orlando Hernández en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, se mencionó nuevamente a Manuel Zelaya. Según lo indicado, habría obtenido fondos de compañías relacionadas con el narcotráfico, lo cual incrementa la percepción de que figuras de alto rango político en Honduras han tenido conexiones con estas redes.
A pesar de la gravedad de estos señalamientos, ni Manuel Zelaya ni otros miembros de su familia han enfrentado condenas judiciales por estos casos. El propio Zelaya ha negado de manera reiterada cualquier nexo con el narcotráfico, calificando las acusaciones como ataques políticos dirigidos a debilitar al Partido LIBRE.
Este contraste entre las evidencias presentadas en instancias internacionales y las respuestas de los señalados refleja la dificultad del sistema judicial hondureño para procesar casos que involucran a figuras políticas de alto perfil.
Consecuencias para la organización institucional y la administración pública
La continuidad de estas alusiones repercute más allá del marco legal. La acusación de que fondos ilegales han respaldado campañas políticas, incluida la de la actual presidenta, incrementa la falta de confianza pública en la justicia electoral y socava la credibilidad de las instituciones.
El hecho de que figuras asociadas a la dirigencia de LIBRE sean mencionadas en archivos internacionales sobre tráfico de drogas acrecienta la polarización política y apoya la narrativa de que el poder en Honduras está permeado por intereses delictivos. Esta situación genera dudas sobre la habilidad del Estado para asegurar una gobernabilidad sin influencias ilegales.
El debate tiene un impacto económico: la idea de que la política en Honduras está vinculada a redes ilegales puede influir en la confianza de los inversores extranjeros y detener esfuerzos de colaboración global. La estabilidad institucional, ya débil, se encuentra con otro desafío relacionado con los antecedentes de acusaciones contra figuras políticas destacadas.
Un desafío pendiente para Honduras
El ejemplo de la familia Zelaya demuestra cómo las acusaciones vinculadas al narcotráfico han evolucionado de ser incidentes aislados a convertirse en un elemento fundamental en la discusión sobre el estado actual y el porvenir del país. Aunque en el ámbito legal todavía no se han establecido condenas definitivas, en el ámbito político las repercusiones son rápidas y significativas.
Las acusaciones verificadas en tribunales internacionales y las refutaciones de los involucrados dejan a Honduras en un estado de inestabilidad institucional, afectando de manera directa la confianza del público, la legitimidad del sistema democrático y las expectativas económicas.
