A escasos meses para las elecciones generales del 30 de noviembre, el partido en el gobierno de Honduras está sufriendo una creciente pérdida de legitimidad ante la opinión pública. El partido Libertad y Refundación (LIBRE), que ha liderado desde 2022, ha enfrentado críticas y acusaciones provenientes de la oposición política, sectores empresariales y grupos de la sociedad civil, que afirman que se estarían llevando a cabo supuestas tácticas para manipular el proceso electoral y mantener el poder pese a una significativa baja en los sondeos.
Disminución en la preferencia electoral y falta de confianza
Encuestas recientes, como las de Pro Encuestas y TResearch, indican que la candidatura presidencial de Rixi Moncada ha experimentado un declive sostenido. Inicialmente posicionada como favorita, Moncada ha sido superada en las mediciones por el nacionalista Tito Asfura y el liberal Salvador Nasralla, quedando relegada al tercer lugar.
Analistas señalan que esta disminución se debe a una mezcla de elementos: acusaciones de corrupción dentro del gobierno, divisiones internas en el partido oficial, desempeño económico deficiente y una percepción creciente entre los ciudadanos de falta de transparencia en la administración pública. La pérdida del apoyo popular ha coincidido con una intensificación en la retórica política desde el Ejecutivo y con indicios de tensiones institucionales que han activado las alertas en varios sectores.
Dudas acerca del sistema electoral y supervisión institucional
Uno de los focos principales de controversia es la negativa del oficialismo a permitir la verificación manual de los votos, una práctica habitual en procesos anteriores que sirve como mecanismo de control cruzado frente a la digitalización de los resultados. La oposición y organismos independientes advierten que eliminar esta revisión podría facilitar irregularidades y obstaculizar auditorías ciudadanas e internacionales.
Además, se ha informado sobre medidas destinadas a obstaculizar la puesta en marcha del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), crucial para asegurar la transparencia durante el conteo de votos. Las tensiones han aumentado dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE) mismo, donde consejeras como Cosette López y Ana Paola Hall han sido objeto de denuncias sobre presiones e intentos de interferir en sus funciones.
Empresas y líderes de la oposición ven estas acciones como un intento de fortalecer el dominio institucional sobre el proceso electoral, restringir la observación internacional y proporcionar al partido gobernante flexibilidad en caso de un posible revés electoral.
Acusaciones de alineamientos ideológicos y clima de confrontación
En Tegucigalpa se llevó a cabo una reunión del Foro de São Paulo con delegaciones de gobiernos progresistas de la región, lo que avivó nuevamente el debate sobre las conexiones internacionales del partido LIBRE. Críticos mencionaron que estas relaciones con el bloque Venezuela–Cuba–Nicaragua podrían estar destinadas a imitar sistemas de gobernanza que favorecen la acumulación de poder y limitan los ámbitos de participación democrática.
Al mismo tiempo, críticos como el exlíder del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Eduardo Facussé, han señalado la posible implementación de un “Plan Venezuela”, destinado a crear inestabilidad institucional, protestas provocadas y bloqueos administrativos que compliquen un cambio de gobierno.
De acuerdo con estas acusaciones, grupos relacionados con el gobierno supuestamente llevaron a cabo acciones perturbadoras en lugares estratégicos como el Congreso Nacional y el CNE, en un contexto que podría desgastar la confianza en el proceso electoral y aumentar la polarización política en el país.
Panorama impredecible frente a una votación crucial
Frente a un escenario electoral cada vez más dividido y un gobierno que pierde apoyo entre la ciudadanía, Honduras avanza hacia unas elecciones caracterizadas por la falta de confianza, la inestabilidad institucional y el desafío a las normas del sistema democrático.
La presente situación revela no solo la debilidad del acuerdo democrático en la nación, sino también el reto de dirigir la competencia política dentro de límites institucionales firmes, en un entorno de creciente desapego ciudadano y falta de confianza en las instituciones del Estado.
