A escasos días de los comicios generales de 2025, varias entidades de la sociedad civil alertaron que la gestión del proceso electoral presenta obstáculos que podrían mermar su fiabilidad. Destacaron que la polarización constante, los desacuerdos sobre la legislación electoral y las disputas relacionadas con la designación de los funcionarios electorales han elevado el escrutinio ciudadano sobre la fortaleza institucional de la nación.
Mandatos constitucionales y tensiones entre poderes del Estado
Los comunicados subrayaron que la observancia de las disposiciones constitucionales resultará crucial para preservar la credibilidad pública. La responsabilidad, señalaron, recae en el Congreso Nacional, la Fiscalía General, las Fuerzas Armadas y el Poder Ejecutivo, abarcando a los miembros afiliados al partido LIBRE, en su habilidad para operar dentro del marco legal.
Las organizaciones insistieron en que la participación militar debe restringirse a su función logística, definida en la Constitución, sin asumir roles interpretados como partidistas. También señalaron que el Congreso y el Ejecutivo requieren evitar declaraciones anticipadas sobre los resultados electorales, debido a que ese tipo de mensajes podría generar tensiones sociales en un clima ya marcado por la confrontación política.
En paralelo, destacaron que el desempeño del Consejo Nacional Electoral (CNE) será decisivo. La expectativa es que mantenga criterios de independencia, transparencia y oportunidad en cada etapa del proceso para asegurar claridad en la administración electoral.
Autonomía en la supervisión de comicios
Las organizaciones consideraron que la observación nacional e internacional puede desempeñar un papel relevante para fortalecer la legitimidad del proceso. Aludieron a misiones como las de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos, cuyas evaluaciones pueden contribuir al fortalecimiento de la rendición de cuentas institucional.
Este acompañamiento, señalaron, permitiría reforzar la percepción de neutralidad en momentos donde aumenta la competencia política y la ciudadanía demanda garantías sobre la integridad del voto. La presencia de observadores locales también fue subrayada como un componente útil para acercar la vigilancia electoral a las comunidades y ampliar la participación social.
Interlocución internacional y compromisos hemisféricos
En la comunicación enviada a Estados Unidos, las entidades pidieron un respaldo «constructivo» que se coordine con los gobiernos locales, los partidos políticos y la ciudadanía. Explicaron que la finalidad es salvaguardar la transparencia y la legitimidad del procedimiento, conforme a los postulados de la Carta Democrática Interamericana.
Afirmaron que un acompañamiento respetuoso a los estándares democráticos puede contribuir a que las elecciones de 2025 reflejen la expresión del electorado hondureño en un entorno político complejo. La interlocución internacional, añadieron, puede convertirse en un mecanismo que incentive el cumplimiento de responsabilidades institucionales y reduzca los incentivos para prácticas que erosionen la confianza pública.
La declaración conjunta concluyó con la firma de representantes de organizaciones con presencia regional y hemisférica, entre ellas Seattle International Foundation (SIF), Hope Border Institute, Latin America Working Group (LAWG), Chicago Religious Leadership Network on Latin America (CRLN), Alianza Americas, Due Process of Law Foundation (DPLF), Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), Washington Office on Latin America (WOLA) y Unitarian Universalist Service Committee (UUSC).
El panorama presentado por estas entidades revela las fricciones inherentes al proceso comicial de 2025 y enfatiza la importancia de que las entidades hondureñas operen conforme a los preceptos legales. La mirada tanto a nivel nacional como global se centra en aspectos como la solidez política, el desempeño de las ramas del gobierno y la intervención de la ciudadanía, componentes que incidirán en la apreciación de la transparencia electoral en una coyuntura crucial para la administración democrática de la nación.
