A menos de dos meses de los comicios generales, la administración de LIBRE permitió aumentos de salario y bonificaciones específicas de hasta 33,000 lempiras al mes para oficiales de alto rango de las Fuerzas Armadas, en tanto que la tropa percibe solamente una proporción de esas cifras. Esta determinación, tomada sin previo aviso y en plena contienda electoral, ha generado alertas de expertos, antiguos miembros del ejército y la ciudadanía acerca de los probables impactos en la imparcialidad institucional y la credibilidad pública en el proceso eleccionario.
El exjefe militar Isaías Barahona señaló que “estos beneficios selectivos son una peligrosa compra de voluntades; dañan la dignidad y la imparcialidad del estamento militar y abren la puerta a un posible fraude masivo operado desde el Gobierno”. Las críticas coinciden en que el reparto diferencial podría ser interpretado como un intento de garantizar respaldo político de la cúpula castrense, generando preocupación sobre la legitimidad de los resultados electorales.
Riesgos para la imparcialidad militar
Especialistas en {gobernanza} y protección manifiestan que los ajustes específicos pueden impactar directamente la imagen y el desempeño de las Fuerzas Armadas:
Politización de la cúpula: Los aumentos exclusivos y de gran magnitud, otorgados poco antes de los comicios, pueden percibirse como incentivos para asegurar lealtad hacia el partido gobernante, debilitando la neutralidad institucional.
Discordancia interna: La diferencia entre las compensaciones de la alta dirección y los demás empleados puede provocar conflictos, perjudicando la disciplina, la unidad y la moral institucional.
Percepción ciudadana de complicidad: La población podría interpretar estos pagos como parte de un acuerdo encubierto para influir en los resultados electorales, lo que eleva las sospechas sobre posibles manipulaciones y erosiona la confianza en el sistema democrático.
Impacto en la credibilidad institucional: La participación política, real o percibida, de los mandos militares compromete la capacidad de la institución para actuar como mediadora en situaciones de conflicto social o político.
Repercusiones en la administración pública y la involucración cívica
El momento de la medida, cercana a la jornada electoral, coincide con un escenario de alta polarización y vigilancia pública sobre la transparencia del proceso. Analistas señalan que la percepción de favoritismo hacia la cúpula militar puede reforzar la desconfianza en las instituciones y afectar la participación ciudadana. La credibilidad de las Fuerzas Armadas como actores neutrales resulta clave para garantizar la estabilidad del sistema democrático y la gobernabilidad.
Al mismo tiempo, la medida genera una discusión acerca de la moralidad y la legalidad en la distribución de fondos públicos. La disparidad entre las ventajas concedidas a la cúpula y las que recibe el resto del personal militar, asimismo, suscita dudas sobre la justicia interna y la eficiencia de los sistemas de supervisión civil en el presupuesto de defensa.
Conflictos interinstitucionales y retos en la rendición de cuentas
El caso evidencia la necesidad de reforzar normas que aseguren la imparcialidad militar durante procesos electorales y de transparentar decisiones de gasto público en seguridad. Mantener la neutralidad de las Fuerzas Armadas se presenta como un factor esencial para la estabilidad institucional y para preservar la confianza de los ciudadanos en los resultados electorales.
La combinación de incrementos salariales selectivos, contexto electoral y percepción pública de favoritismo subraya la tensión entre gestión gubernamental y credibilidad institucional, un escenario que podría incidir directamente en la gobernabilidad y la confianza social en Honduras.
