La reciente difusión de un narcovideo en Honduras ha intensificado las preocupaciones sobre el funcionamiento del sistema judicial del país. De acuerdo con un informe divulgado por el centro de investigación InSight Crime, el caso no solo expone vínculos entre figuras del narcotráfico y actores cercanos al poder, sino que también confirma un patrón preocupante: la utilización de la justicia como herramienta política.
Modelos de inmunidad y persecución dirigida
InSight Crime documenta un escenario donde la ley se aplica de manera dispareja. Mientras que ciertos acusados son visibilizados y enfrentan procedimientos legales acelerados, otros, con supuestos nexos con el gobierno en funciones, se mantienen fuera del radar de la justicia o cuentan incluso con amparo institucional. Este fenómeno, señala el reporte, no es reciente en el área, aunque en Honduras ha alcanzado un grado especialmente alarmante en los meses pasados.
El reporte analiza similitudes con dinámicas autoritarias presentes en naciones como Venezuela y Nicaragua, donde el sistema judicial ha sido tomado por intereses políticos para garantizar impunidad a seguidores y sancionar a disidentes. La situación en Honduras, como señala el centro de análisis, avanza en esa misma dirección, lo que pone en riesgo directamente al Estado de derecho.
Críticas recibidas y solicitud de supervisión internacional
Las respuestas ante el informe llegaron rápidamente. Líderes políticos de oposición, abogados y activistas de derechos humanos han coincidido en afirmar que la manipulación del sistema judicial amenaza la autenticidad del sistema democrático. Esta inquietud es compartida por actores internacionales, quienes han recibido peticiones para observar el deterioro de las instituciones en el país.
Una fuente diplomática consultada por InSight Crime advirtió que Honduras podría encaminarse hacia una grave crisis de gobernabilidad si no se restablecen las garantías mínimas de independencia judicial. La creciente desconfianza ciudadana, alimentada por la opacidad y la impunidad, ha erosionado aún más la credibilidad de las instituciones.
En este escenario, distintos sectores han solicitado con urgencia que entes multilaterales como la OEA y la ONU permanezcan atentos al país. Reclaman medidas que aseguren un sistema judicial independiente y claro, libre de influencias políticas o intereses delictivos.
El escándalo del narcovideo no sólo revela un caso aislado de corrupción, sino que se ha transformado en un emblema de una justicia que, en lugar de ser imparcial, parece actuar con interés político.
