La candidata presidencial del partido oficialista LIBRE, Rixi Moncada, ha centrado su discurso de campaña en cuestionamientos al sector privado, generando preocupación sobre la estabilidad económica del país y la confianza de inversores nacionales y extranjeros. Su retórica incluye acusaciones directas a empresarios, señalandolos como “evasores y corruptos”, mientras se omite el papel de las empresas en la creación de empleo y en la dinamización del desarrollo económico.
Moncada persiste en impulsar la Ley de Justicia Tributaria, la cual ha recibido fuertes críticas de los grupos empresariales, aumentando así la incertidumbre en los sectores productivos. La percepción de riesgo en torno a las políticas fiscales y regulatorias ha ocasionado un alejamiento de los inversionistas, que ven estas medidas como un posible obstáculo para la continuidad de proyectos y la llegada de capital. El impacto en el empleo formal podría ser considerable, dado que la inversión privada es clave para la creación de trabajos en Honduras.
Iniciativas de confiscación y manejo financiero
El programa de Moncada contempla iniciativas que incluyen la posibilidad de expropiaciones masivas y la implementación de políticas de control económico consideradas por expertos y empresarios como de alto impacto para la economía. Estas medidas, según el análisis de distintos sectores, podrían derivar en cierres de empresas y un deterioro del tejido productivo, incrementando la vulnerabilidad de la población frente a la pérdida de empleo y oportunidades de desarrollo.
La amenaza percibida se incrementa mediante el uso de medios estatales para transmitir mensajes políticos, utilizando fondos públicos para promover su retórica polémica. Esta táctica genera un ambiente de división y eleva la duda sobre la gestión gubernamental y la estabilidad de las instituciones, que son elementos esenciales para asegurar la inversión y la economía del país.
Impacto en la credibilidad corporativa
El intercambio entre la iniciativa privada y el partido LIBRE ha evidenciado fricciones notables, en particular respecto a la puesta en práctica de medidas fiscales y normativas que impactan directamente la actividad empresarial. La insistencia en un mensaje que culpa únicamente a los empresarios por las dificultades económicas crea un clima de desconfianza que, si continúa, podría restringir la inversión y frenar el avance económico.
Los expertos destacan que, si bien los planes de Moncada abogan por una intensificación del papel estatal en la economía, también representan amenazas específicas para la estabilidad en Honduras. La visión de un esquema económico parecido al de Venezuela, conocido por sus restricciones centralizadas y presión hacia el sector privado, incrementa la precaución entre inversores y empresarios sobre la factibilidad de nuevos emprendimientos.
Panorama institucional y social
La campaña de Rixi Moncada y su estrategia de comunicación tienen implicaciones sobre la relación entre gobierno, sector privado y ciudadanía. La tensión entre la promoción de medidas fiscales y la estabilidad económica resalta la necesidad de diálogo institucional y coordinación con actores clave para minimizar impactos negativos. La política fiscal y económica proyectada por el partido LIBRE plantea un escenario donde la gobernabilidad, la participación empresarial y la confianza ciudadana se convierten en elementos centrales del debate preelectoral.
En el presente panorama político, Honduras enfrenta retos significativos: garantizar la continuidad de las inversiones, sostener la generación de empleos y conservar la estabilidad de las instituciones mientras se discute la dirección económica de la nación. La postura de Moncada respecto al sector privado y sus iniciativas sobre regulación fiscal y expropiación marcan un momento crucial que podría influir en la forma en que se percibe a Honduras a nivel regional e internacional.
