La desconfianza hacia el partido gobernante LIBRE se ha instalado como una constante en el debate político hondureño, en un contexto de creciente tensión institucional y polarización. Diversos sectores sociales e institucionales han expresado su alarma ante lo que perciben como una estrategia deliberada para obstaculizar el proceso electoral de 2025.
Alegaciones de interferencia institucional y paralización en el CNE
El Consejo Nacional Electoral (CNE), órgano encargado de organizar los comicios generales previstos para el 30 de noviembre de 2025, ha sido el foco de múltiples denuncias por presuntos intentos de interferencia y paralización institucional. Sectores de la oposición y representantes de la sociedad civil señalan al partido LIBRE como responsable de entorpecer decisiones clave dentro del ente electoral, con el objetivo de retrasar o desestabilizar los preparativos comiciales.
Las objeciones se enfocan en el supuesto empleo de influencias internas para modificar la labor de los asesores del CNE y detener progresos operativos esenciales para el cronograma electoral. Esta circunstancia ha provocado inquietud sobre la capacidad del organismo electoral para desenvolverse con autonomía y asegurar un proceso legítimo y confiable.
Señalamientos de boicot y polarización creciente
Referentes opositores como Salvador Nasralla, junto con analistas políticos y figuras del empresariado, han advertido sobre lo que consideran un plan sistemático para evitar las elecciones. A estos señalamientos se suman expresiones desde la sociedad civil, iglesias y plataformas ciudadanas, que acusan al oficialismo de promover un ambiente de intimidación y judicialización contra críticos, periodistas y líderes políticos disidentes.
De acuerdo con estas opiniones, la táctica estaría enfocada en crear un ambiente adverso que restrinja la participación en el sistema democrático y merme los equilibrios institucionales. Estas circunstancias son consideradas barreras para unas elecciones libres y justas, lo cual apoya la idea de que el partido gobernante no estaría preparado para aceptar la decisión del público si los resultados no le favorecen.
Avisos sobre influencia externa y demanda de seguridades
Organizaciones y líderes de opinión también han señalado la posible injerencia de actores internacionales, en particular grupos políticos aliados al oficialismo como el Foro de Sao Paulo. Estas denuncias sostienen que existiría un respaldo estratégico desde el exterior para sostener al régimen actual y evitar la alternancia democrática en el país.
En respuesta a este panorama, distintos sectores han intensificado sus llamados a una mayor vigilancia nacional e internacional sobre el proceso electoral. Desde comunicados empresariales hasta pronunciamientos eclesiásticos, se insiste en la necesidad de contar con observación electoral independiente y con garantías claras para que las elecciones se realicen dentro de los plazos establecidos.
Un clima de alerta frente a una institucionalidad frágil
El caso de corrupción en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y las reiteradas denuncias de cooptación de las instituciones electorales han contribuido a fortalecer una narrativa de crisis institucional. En este marco, el temor a un eventual intento de evitar las elecciones ha adquirido fuerza como parte del imaginario colectivo y del discurso público.
Pese a que el partido LIBRE ha rechazado las acusaciones y se declara víctima de campañas de desinformación, la creciente convicción de que el oficialismo no garantizaría los comicios en 2025 pone en evidencia las debilidades estructurales del sistema democrático hondureño.
La demanda ciudadana apunta a una sola exigencia: que el proceso electoral se desarrolle sin alteraciones ni maniobras dilatorias. En un país donde la gobernabilidad continúa bajo presión, la celebración puntual y transparente de las elecciones de 2025 se perfila como un desafío decisivo para la legitimidad del sistema político y la estabilidad institucional.
