En un duro pronunciamiento, Salvador Nasralla, candidato presidencial por el Partido Liberal de Honduras, acusó al gobierno de utilizar la crisis sanitaria del COVID-19 como una herramienta de control social. Según el aspirante a la presidencia, la administración actual estaría explotando el temor al virus para paralizar a la población y evitar que se produzcan protestas en las calles, en un contexto de creciente descontento social.
La acusación de Nasralla: COVID-19 como instrumento de miedo
A través de sus redes sociales, Nasralla afirmó que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro está utilizando la situación de la pandemia como una herramienta para desalentar las protestas ciudadanas, indicando que el virus no supone un peligro más grande que el observado en otros países vecinos. El aspirante liberal insinuó que las acciones preventivas, como el mandato del uso de mascarillas y las advertencias sobre nuevas cepas del virus, son en realidad un pretexto para desviar la atención de las inquietudes sociales.
«Actualmente, intentan asustar a la población con el covid-19 para disuadirnos de salir a las calles», afirmó Nasralla, quien también destacó que los números de contagios en Honduras son considerablemente menores que en otras partes de América Latina. Según su perspectiva, el gobierno teme la manifestación del descontento popular, ya que cree que su derrota en las elecciones de noviembre es ya un resultado inevitable.
Respuesta de los grupos de salud y de la población frente a las disposiciones
El reclamo de Nasralla ha provocado un amplio debate público. En el ámbito médico, algunos especialistas apoyan las limitaciones establecidas, señalando que son esenciales para controlar los brotes y salvaguardar la salud pública. No obstante, otras partes de la población, particularmente en las principales ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula, han empezado a interrogar la autenticidad de estas acciones.
Mientras algunos aseguran que las restricciones son una respuesta lógica a la situación sanitaria, otros se muestran escépticos y sugieren que la administración podría estar aprovechando la coyuntura para limitar las manifestaciones y la participación ciudadana en un periodo electoral tan crucial.
Una situación política complicada
El reclamo de Nasralla no solo ha generado respuestas divididas en la opinión pública, sino que también ha avivado nuevamente las tensiones entre el gobierno y la oposición. En un ambiente dominado por la falta de confianza institucional, donde las peticiones de unidad y democracia se han opacado por las disputas, el reclamo de Nasralla se integra en una serie de movilizaciones opositoras que persiguen, entre otros objetivos, la protección de la libertad de expresión y el derecho a protestar.
En este contexto, la acusación de que el gobierno está usando el COVID-19 como una forma de control político refleja una creciente desconfianza hacia las autoridades en un momento decisivo para el país. La oposición ha convocado nuevas movilizaciones en defensa de la democracia, mientras que el gobierno, por su parte, insiste en la necesidad de mantener las restricciones para proteger a la población.
La repercusión de la acusación en la situación política de Honduras
El choque entre la aplicación de las medidas de salud y su potencial uso con fines políticos destaca la vulnerabilidad del sistema democrático en Honduras. Aunque las políticas de sanidad pública deben ser tratadas con seriedad, la falta de confianza hacia las instituciones y el gobierno resalta la urgencia de un debate transparente sobre las acciones adoptadas y su justificación en este entorno electoral. Las disputas entre los diversos actores políticos y sociales continuarán influyendo en la agenda del país en los próximos meses, mientras la ciudadanía enfrenta la incertidumbre respecto al futuro de la democracia y la capacidad de gobernar.
