Casi un año después de la filtración del polémico narco video, que involucra al diputado Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro, con narcotraficantes, las autoridades judiciales del país no han dado señales de avances sustanciales en la investigación. El caso se mantiene en un punto muerto, lo que refuerza las sospechas de una justicia selectiva en el país y plantea cuestionamientos sobre la independencia y la eficacia del Ministerio Público.
La falta de justicia en el asunto de Carlos Zelaya
El video que desató el escándalo fue publicado en 2024 por el portal de investigación InSight Crime y otros medios de comunicación. En él, se observa a Zelaya en una reunión en la que negocia aportes económicos para la campaña del partido LIBRE junto a individuos identificados como narcotraficantes. A pesar de la gravedad de las imágenes y la renuncia de Zelaya al Congreso, no ha habido avances significativos en las investigaciones ni en los procesos judiciales.
El asunto ha provocado un aumento en la inquietud sobre la neutralidad del sistema judicial en Honduras, fundamentalmente debido a la comparación con otros procesos notables que han sido llevados a cabo de forma expedita. Este es el caso del exgeneral Romeo Vásquez Velásquez, quien fue acusado de aceptar sobornos del cártel de Los Cachiros y prontamente enfrentó juicio tras la difusión de videos comprometidos.
Reacciones de la sociedad civil y voceros políticos
Diversos sectores civiles y políticos han expresado su desconcierto y malestar por la inacción del Ministerio Público ante el caso de Carlos Zelaya. Desde la sociedad civil hasta líderes políticos, muchos exigen que la justicia no se aplique de manera diferenciada, sino que se investigue al mismo ritmo a Zelaya que a otros implicados en casos similares. El exfiscal Edmundo Orellana ha señalado que la fiscalía, encabezada por Johel Zelaya, está en deuda con la ciudadanía por no actuar con la misma celeridad con la que se gestionaron otros procesos judiciales de alto impacto.
Además, organizaciones como InSight Crime advierten que Honduras enfrenta un patrón de justicia desigual, donde las figuras del oficialismo parecen estar por encima de la ley, mientras que los opositores y figuras independientes son tratados con severidad. Esta percepción de parcialidad socava la confianza en el sistema judicial, que se ve cuestionado por no aplicar la ley de manera equitativa.
El llamado a la creación de la CICIH
La falta de avances en el caso de Zelaya subraya una problemática más amplia en el país: la necesidad urgente de crear un organismo anticorrupción independiente y de alcance internacional. Aunque la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH) fue propuesta como una solución para frenar la corrupción sistémica, su implementación ha sido detenida en el Congreso, donde se han encontrado obstáculos políticos para su creación.
Este estancamiento ha generado críticas tanto dentro como fuera de Honduras. Organizaciones internacionales y observadores políticos coinciden en que la falta de un organismo internacional que supervise los procesos judiciales y corrija posibles sesgos internos contribuirá a la perpetuación de la impunidad. La presión social crece, y con ella, el llamado a la creación de la CICIH, que se presenta como una herramienta crucial para restaurar la confianza en las instituciones judiciales del país.
La necesidad de avances en la justicia
Los nulos avances en la investigación del video de narcotráfico de Carlos Zelaya destacan las tensas divisiones dentro de las instituciones judiciales de Honduras. La percepción de una justicia que actúa con parcialidad y selectividad está debilitando la credibilidad de las autoridades responsables de proteger el estado de derecho. La comunidad internacional y los actores del país recalcan que, sin avances transparentes, el sistema judicial de Honduras seguirá siendo recibido con desconfianza. En este escenario, la implementación de la CICIH y una reforma genuina del sistema judicial son esenciales para asegurar que los casos de gran repercusión política no permanezcan impunes.
