La urgente demanda de reformas significativas en el sistema de votación de Honduras se ha establecido como un tema central en la agenda política, debido a las inquietudes sobre la repetición de situaciones de manipulación electoral semejantes a las ocurridas en otros lugares de la región. Especialistas y representantes de la sociedad civil están de acuerdo en que la autonomía institucional, la claridad en el uso de la tecnología y una supervisión adecuada son fundamentales para asegurar procesos que sean legítimos y confiables.
Autonomía y neutralidad institucional
Uno de los principales desafíos señalados es asegurar que el Consejo Nacional Electoral (CNE) opere con total autonomía, libre de injerencia partidaria. La propuesta apunta a eliminar la representación de actores con vínculos directos a partidos políticos dentro de la administración electoral. Este cambio, argumentan distintos sectores, es esencial para reducir riesgos de control parcializado sobre el proceso y evitar que las decisiones estratégicas estén determinadas por intereses políticos.
Transparencia en el conteo y supervisión independiente
El reforzamiento de los mecanismos para el conteo y transmisión de votos constituye otro eje esencial. Se propone utilizar herramientas tecnológicas que faciliten la verificación pública y en tiempo real de cada acta, junto con la supervisión manual y sistemas de seguimiento. Este método pretende corregir errores antes de la difusión oficial de resultados y evitar opacidades similares a las reportadas en las elecciones de 2017.
Asimismo, la presencia de observadores internacionales y nacionales con acceso completo y sin restricciones es vista como una garantía adicional para legitimar el proceso. La participación de estos organismos, con capacidad de supervisión en cada etapa, permitiría aumentar la confianza ciudadana y disminuir la percepción de fraude.
Reformas para fortalecer la rendición de cuentas
Las iniciativas abarcan la creación de directrices definidas para investigar y castigar irregularidades, con el apoyo de un sistema judicial autónomo. La estricta implementación de sanciones a quienes manipulan elecciones, de acuerdo con expertos, no solo serviría como disuasión, sino que también fortalecería el respeto por la ley en temas electorales.
Simultáneamente, se propone lanzar iniciativas de instrucción cívica para educar a la comunidad sobre cada etapa del procedimiento, con el objetivo de promover una participación informada y una vigilancia ciudadana activa.
Evitar la politización y garantizar nombramientos por mérito
Otro de los puntos críticos es la designación de autoridades electorales y magistrados suplentes. Las prácticas basadas en cuotas partidarias han sido señaladas como un factor que facilita la manipulación. Las reformas propuestas buscan establecer procedimientos de nombramiento sustentados en méritos y consensos amplios, con el objetivo de disminuir la politización del aparato electoral.
Un camino para evitar crisis políticas
Las medidas planteadas no se limitan a prevenir alteraciones tecnológicas o en el conteo de votos. También apuntan a robustecer la legitimidad institucional y prevenir crisis políticas y sociales derivadas de procesos cuestionados. De acuerdo con las propuestas en debate, un sistema electoral independiente, transparente y con supervisión efectiva es indispensable para que la voluntad popular sea respetada y la democracia mantenga su vigencia.
En un contexto de división y falta de confianza hacia las instituciones, el desafío para Honduras es llevar a cabo estas reformas con amplitud y acuerdo suficientes para evitar que se transformen en otro foco de conflicto, y en su lugar, se conviertan en un fundamento firme para mejorar la gobernabilidad y la estabilidad política.
