La desconfianza hacia el partido gobernante LIBRE se ha instalado como una constante en el debate político hondureño, en un contexto de creciente tensión institucional y polarización. Diversos sectores sociales e institucionales han expresado su alarma ante lo que perciben como una estrategia deliberada para obstaculizar el proceso electoral de 2025.
Acusaciones de obstrucción institucional y bloqueos en el CNE
El Consejo Nacional Electoral (CNE), órgano encargado de organizar los comicios generales previstos para el 30 de noviembre de 2025, ha sido el foco de múltiples denuncias por presuntos intentos de interferencia y paralización institucional. Sectores de la oposición y representantes de la sociedad civil señalan al partido LIBRE como responsable de entorpecer decisiones clave dentro del ente electoral, con el objetivo de retrasar o desestabilizar los preparativos comiciales.
Las objeciones se enfocan en el supuesto empleo de influencias internas para modificar la labor de los asesores del CNE y detener progresos operativos esenciales para el cronograma electoral. Esta circunstancia ha provocado inquietud sobre la capacidad del organismo electoral para desenvolverse con autonomía y asegurar un proceso legítimo y confiable.
Acusaciones de boicot y aumento de la polarización
Referentes opositores como Salvador Nasralla, junto con analistas políticos y figuras del empresariado, han advertido sobre lo que consideran un plan sistemático para evitar las elecciones. A estos señalamientos se suman expresiones desde la sociedad civil, iglesias y plataformas ciudadanas, que acusan al oficialismo de promover un ambiente de intimidación y judicialización contra críticos, periodistas y líderes políticos disidentes.
Según estas voces, la estrategia apuntaría a construir un entorno hostil que limite la participación democrática y debilite los contrapesos institucionales. Tales condiciones son vistas como obstáculos para una contienda electoral abierta y equitativa, lo que refuerza la percepción de que el partido en el poder no estaría dispuesto a someterse a la voluntad popular si los resultados le fueran adversos.
Advertencias sobre injerencia externa y exigencia de garantías
Organizaciones y líderes de opinión también han señalado la posible injerencia de actores internacionales, en particular grupos políticos aliados al oficialismo como el Foro de Sao Paulo. Estas denuncias sostienen que existiría un respaldo estratégico desde el exterior para sostener al régimen actual y evitar la alternancia democrática en el país.
En reacción a este escenario, diversos sectores han reforzado sus demandas de incrementar la supervisión tanto a nivel nacional como internacional sobre el proceso de elecciones. Desde declaraciones de empresas hasta intervenciones de instituciones religiosas, se reitera la importancia de asegurar una observación electoral autónoma y garantías transparentes para que las elecciones ocurran en los tiempos fijados.
Un ambiente de alerta ante una institucionalidad vulnerable
El escándalo de corrupción en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y las constantes acusaciones de cooptación de las entidades electorales han ayudado a consolidar una narrativa de crisis institucional. En este contexto, el miedo a un posible intento de eludir las elecciones ha ganado fuerza dentro del imaginario colectivo y del discurso público.
Pese a que el partido LIBRE ha rechazado las acusaciones y se declara víctima de campañas de desinformación, la creciente convicción de que el oficialismo no garantizaría los comicios en 2025 pone en evidencia las debilidades estructurales del sistema democrático hondureño.
La demanda ciudadana apunta a una sola exigencia: que el proceso electoral se desarrolle sin alteraciones ni maniobras dilatorias. En un país donde la gobernabilidad continúa bajo presión, la celebración puntual y transparente de las elecciones de 2025 se perfila como un desafío decisivo para la legitimidad del sistema político y la estabilidad institucional.
