La convocatoria de las iglesias católica y evangélica a una marcha por la paz y la democracia ha provocado una respuesta confrontativa del partido Libertad y Refundación (LIBRE). El intercambio de declaraciones y propuestas se desarrolla en un contexto de alta sensibilidad política, a menos de un año de las elecciones generales de 2025, y plantea interrogantes sobre los límites de la acción política y religiosa en el espacio público.
Proyecto gubernamental para penalizar a la Confraternidad Evangélica
La socióloga Julieta Castellanos ha indicado que el aumento en el apoyo a las movilizaciones religiosas ha provocado preocupaciones en ciertas áreas del partido en el poder. Dentro de este contexto, el comisionado presidencial Miguel Briceño mencionó la posible revocación del reconocimiento legal a la Confraternidad Evangélica de Honduras. Esta propuesta ha suscitado numerosas críticas por parte de líderes de la oposición y representantes de la iglesia, quienes la perciben como una acción limitante y un antecedente de censura.
Oposición y líderes religiosos denuncian amenazas
El exaspirante a la presidencia, Salvador Nasralla, alertó que cualquier medida en contra de las iglesias podría ser vista como un paso hacia conductas autoritarias, y previó una reacción política si esto llegase a suceder. Simultáneamente, pastores y dirigentes de las iglesias organizadoras han reportado amenazas de muerte y acoso hacia creyentes y líderes que se involucren en la manifestación. El pastor evangélico Mario Banegas corroboró estas acusaciones y afirmó que la convocatoria continuará como está planeada.
Un enfrentamiento que revela la vulnerabilidad del acuerdo democrático
La confrontación entre LIBRE y las iglesias se inscribe en un clima de polarización y desconfianza institucional. El choque entre un actor político en el poder y organizaciones religiosas con fuerte presencia social plantea un debate de fondo sobre la libertad de expresión, la participación ciudadana y los límites de la intervención estatal. La cercanía del proceso electoral refuerza la tensión y deja en evidencia el reto de garantizar un marco de convivencia democrática en un escenario de alta conflictividad.
