LIBRE sufre desgaste político y ético a meses de las elecciones

A medio año de las elecciones generales del 30 de noviembre, el partido gobernante Libertad y Refundación (LIBRE) se encuentra en una situación difícil caracterizada por conflictos internos, denuncias de corrupción y una notable caída en el apoyo electoral. En un panorama político cada vez menos claro, el deterioro continuo del partido en el poder podría acabar con su mandato.

Rupturas internas y falta de unidad

La elección de Rixi Moncada como la candidata oficialista dejó expuestas tensiones acumuladas dentro de LIBRE. La posterior renuncia del diputado Jorge Cálix, una figura con trayectoria dentro de la organización, evidenció la existencia de desacuerdos profundos sobre el rumbo político y el estilo de conducción del partido. Cálix, junto a otros dirigentes que también abandonaron la agrupación, denunció prácticas autoritarias y una cultura de exclusión.

En respuesta, los líderes del partido llamaron a manifestaciones en apoyo a la presidenta Xiomara Castro y a Moncada. Sin embargo, estas acciones no cambiaron la percepción de una organización debilitada, y han sido vistas por varios sectores como esfuerzos por mantener el control político en un ambiente desafiante.

Casos de corrupción y dudas sobre la claridad

La situación empeoró ante las acusaciones de supuestas anomalías en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), donde legisladores asociados al partido oficialista fueron acusados de malversar fondos destinados a programas sociales. El caso más representativo fue el de la diputada Isis Cuéllar, cuya suspensión fue declarada junto con la eliminación de fondos sociales y una medida sin precedentes: la renuncia masiva del partido a la inmunidad parlamentaria.

Pese a la contundencia aparente de estas decisiones, sectores opositores, en especial el Partido Nacional, las calificaron como maniobras simbólicas destinadas a desviar la atención. Según sus voceros, las acciones del oficialismo no han implicado sanciones reales ni investigaciones efectivas que garanticen rendición de cuentas.

Descontento del sector privado y llamados a frenar el deterioro institucional

Las críticas no han estado confinadas al ámbito político. Desde el campo empresarial, importantes voces han expresado sus preocupaciones acerca de la dirección del país. En una reciente declaración pública, Eduardo Facussé, quien fue presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), culpó directamente al gobierno de haber traicionado el mandato de la ciudadanía mediante acciones que, según él, comprenden nepotismo, manejo discrecional de fondos públicos y falta de claridad en casos destacados como SEDESOL, el fraude Koriun y acusaciones sobre supuestos lazos con redes criminales.

Facussé alertó sobre la fragilidad institucional y exhortó a la población a proteger el Estado de Derecho frente a lo que él interpretó como un esfuerzo por establecer un sistema autoritario y financieramente inviable.

Desplome en las encuestas y reconfiguración del mapa electoral

Las encuestas de opinión más recientes indican una rápida disminución de LIBRE en la intención de voto. Según los datos recolectados entre mayo y junio, el respaldo al partido gobernante ha fluctuado entre el 11 % y el 28.5 %, cifras significativamente inferiores al 42 % observado en marzo. Esta tendencia a la baja, junto con la variabilidad entre las encuestas, sugiere un electorado fragmentado que busca nuevas opciones.

Simultáneamente, aspirantes que compiten, tales como Salvador Nasralla y Nasry Asfura, han incrementado su popularidad, logrando tasas de respaldo que oscilan entre el 25 % y el 36 %. Las valoraciones del público también reflejan el deterioro del gobierno: la presidenta Xiomara Castro obtiene una nota promedio de solo 4.1 sobre 10, en un entorno caracterizado por escándalos sin solución y una percepción creciente de ineficiencia.

Una perspectiva incierta para el oficialismo

La situación actual enfrenta a LIBRE a un desafío significativo. La mezcla de problemas internos, debilitamiento de las instituciones, falta de confianza y desaprobación pública ha mermado su posición ante las elecciones generales. Si continúan en esta dirección, el partido gobernante corre el peligro de no solo perder el mando del Ejecutivo, sino de poner en riesgo el proyecto político que los llevó al poder en 2021.

En este escenario, el desenlace dependerá de la capacidad del partido para recomponer su estructura interna, atender los reclamos sociales y ofrecer respuestas claras ante los señalamientos de corrupción. De lo contrario, la jornada electoral del 30 de noviembre podría marcar un punto de inflexión en el mapa político hondureño.

By Jaime Navarro