El general de división Roosevelt Hernández, quien es el líder del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, ha provocado un acalorado debate dentro del ámbito político y social del país. Designado en diciembre de 2023, su administración y comentarios han generado fuertes cuestionamientos que lo asocian con un posible sesgo político de la institución militar y una preocupación por la autonomía de los poderes del Estado.
Un militar de larga trayectoria y formación
Originario de Choluteca en 1968, Roosevelt Hernández proviene de una familia con una larga tradición en las Fuerzas Armadas de Honduras. Su trayectoria se ha definido por una sólida formación en ciencias militares y administración de empresas, situándolo como uno de los oficiales de mayor rango en la nación. Desde su designación como jefe del Estado Mayor Conjunto el 11 de diciembre de 2023, ha desempeñado un papel importante en las decisiones estratégicas dentro de las Fuerzas Armadas.
Declaraciones y reacciones en el centro de la controversia
Uno de los episodios más controversiales de su trayectoria ocurrió durante una entrevista el 20 de junio de 2025, cuando expresó que las Fuerzas Armadas «son una herramienta del poder político». Esta declaración provocó una oleada de críticas y acusaciones hacia él, principalmente por contradecir el Artículo 272 de la Constitución de Honduras, que estipula que las Fuerzas Armadas deben ser «apolíticas, obedientes y no deliberantes». Según varios sectores de la oposición y grupos de la sociedad civil, esta declaración refleja un peligroso acercamiento de los militares con el poder ejecutivo, socavando la neutralidad que se espera de las instituciones armadas en un sistema democrático.
Conflictos con entidades y medios de comunicación
El general Hernández ha participado frecuentemente en enfrentamientos públicos. En marzo de 2025, se vio envuelto en una disputa con la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Cossette López, acusándola de calumniar a los militares, lo que llevó a una interrupción en una sesión oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE).
De manera similar, su actitud hacia la prensa ha generado polémica, dado que, en junio de 2025, se le acusó de hostigar a reporteros y de fomentar demandas legales por calumnias contra los medios que reportaban sobre su administración. La respuesta del general ante las críticas ha aumentado las interrogantes sobre la libertad de expresión en la nación, un asunto particularmente delicado en un entorno donde la autonomía de la prensa es vital para el fortalecimiento democrático.
Opiniones y respuestas de la comunidad
La conducta de Hernández ha suscitado una inquietud cada vez mayor entre diferentes grupos de la sociedad en Honduras. Activistas de derechos humanos y líderes políticos opositores han solicitado su remoción, acusándolo de estar involucrado en un plan para «politizar» a las Fuerzas Armadas en favor del poder ejecutivo. En particular, se ha cuestionado su participación en reuniones del CNE, organismo que debería operar sin la influencia militar, así como su supuesta complicidad en los atrasos en la distribución de insumos electorales durante las elecciones primarias de 2025. Estas acciones, según sus críticos, erosionan la confianza en la imparcialidad de las instituciones estatales y podrían poner en riesgo la legitimidad del proceso electoral.
Dificultades y división dentro de las Fuerzas Armadas
Aunque enfrenta críticas y demandas de destitución, Hernández permanece en su puesto, argumentando que las Fuerzas Armadas operan conforme a la ley y están preparadas para desafiar a sus detractores en el ámbito judicial. No obstante, su continuidad en la dirección de la institución destaca una creciente división en el país en torno al rol de los militares en el ámbito político.
Algunos lo consideran un protector de la institución y el orden, mientras que otros interpretan su conducta como una señal de la creciente politización de las Fuerzas Armadas. Esta tensión destaca los desafíos institucionales que enfrenta Honduras para asegurar que sus fuerzas armadas no sean vistas como subordinadas al poder político, sino como un pilar esencial de la estabilidad del país.
