A medida que se acercan las elecciones generales de 2025, diferentes grupos políticos y sociales en Honduras alertan sobre un posible fraude electoral relacionado con el expresidente Manuel Zelaya, lo que provoca una nueva ola de incertidumbre sobre la transparencia del proceso democrático.
Señalamientos al oficialismo y al Consejo Nacional Electoral
Diversas denuncias públicas han señalado al expresidente Manuel “Mel” Zelaya, actual coordinador del partido Libertad y Refundación (LIBRE), como presunto operador de un esquema que buscaría beneficiar a su fuerza política en las próximas elecciones. Las acusaciones apuntan a una presunta manipulación desde el Consejo Nacional Electoral (CNE), mediante contratos con empresas allegadas al entorno político de Zelaya, que estarían a cargo de la logística electoral, incluyendo el transporte de material sensible.
Informes difundidos por grupos opositores y críticos afirman que hubo irregularidades durante las elecciones primarias, como el transporte de maletas electorales en coches sin vigilancia oficial y supuestamente relacionados con operadores de LIBRE. Estas irregularidades causaron demoras en el proceso electoral y resultaron en acusaciones de compra de votos y manipulación de actas, situaciones que, según los acusadores, representan indicios de un fraude en desarrollo.
En el centro de las investigaciones figura una empresa contratada para la distribución del material electoral, cuyo propietario tendría nexos familiares con dirigentes de LIBRE y cercanía directa con Zelaya. La Fiscalía ya ha iniciado una investigación por presuntas contrataciones irregulares y sobreprecios, lo que eleva el nivel de escrutinio institucional sobre el proceso.
Tensiones internas y fracturas en el oficialismo
Las divisiones internas que se están exponiendo al público resaltan las tensiones presentes en el partido gobernante, además de la presión que soportan sus estructuras en el periodo previo a las elecciones. Estos desacuerdos podrían agravarse en el futuro cercano, dependiendo de la evolución del examen público e institucional.
Convocatorias para supervisión nacional e internacional
Como reacción a esta situación, varios grupos de oposición y organizaciones civiles han empezado a planificar protestas, solicitando con urgencia la supervisión internacional, la realización de auditorías externas y más claridad en cada etapa del proceso de elecciones. Algunos dirigentes comunitarios han descrito la circunstancia como una «traición al deseo del pueblo», advirtiendo sobre la posibilidad de un panorama de inestabilidad después de las elecciones.
A nivel internacional, tanto la Organización de Estados Americanos (OEA) como diversos organismos de observación ya han sido señalados como actores clave para garantizar la legitimidad del proceso. El Ministerio Público, por su parte, ha anunciado que mantiene abiertas las investigaciones sobre las irregularidades denunciadas.
Un proceso electoral bajo vigilancia y presión
Las acusaciones de fraude electoral se insertan en un contexto de alta polarización política e institucional. El control del aparato electoral, la transparencia en la contratación de servicios logísticos y la integridad del sufragio son temas que concentran la atención de una ciudadanía cada vez más escéptica.
El caso también evidencia los retos que enfrenta el sistema democrático hondureño para asegurar procesos electorales creíbles, en un país con antecedentes de crisis postelectorales y disputas por la legitimidad del poder. Con la mirada puesta en los comicios de 2025, Honduras se encuentra ante una coyuntura decisiva, donde la confianza institucional y la participación ciudadana se verán sometidas a una dura prueba.
