En un contexto de creciente tensión política, la aparición y accionar de colectivos armados vinculados a sectores oficialistas ha encendido las alarmas sobre el deterioro del Estado de derecho en Honduras. A medida que estos grupos operan con aparente impunidad, la ausencia de una respuesta institucional clara ha dado pie a denuncias por parte de juristas y actores políticos que advierten sobre una posible configuración de “terrorismo de Estado”.
Prohibición constitucional y vacío de autoridad
La Constitución de Honduras junto con la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas determinan de manera clara que únicamente el Ejército está autorizado a estructurarse como una fuerza armada legítima. El artículo 272 de la Constitución prohíbe de manera explícita cualquier forma de milicia popular o grupo armado paralelo, al considerarlos una amenaza directa para el orden y la soberanía del país.
Pese a este marco legal, colectivos organizados con afinidad al partido de gobierno han intensificado su presencia en distintas regiones del país. Según denuncias públicas, estos grupos han proferido amenazas y protagonizado actos de coacción sin que las autoridades competentes hayan intervenido de manera contundente. El fenómeno ha sido interpretado por distintos sectores como un desafío a la institucionalidad y una señal preocupante de permisividad estatal frente a estructuras ilegales.
Denuncias de permisividad y control social
Diversos expertos legales y críticas de la oposición política han señalado que la falta de respuesta del gobierno ante estos grupos podría convertirse en una manera indirecta de represión política. Consideran que permitir o no intervenir en las acciones de grupos armados no autorizados legalmente, especialmente cuando estos funcionan como herramientas de intimidación o represalia contra opiniones disidentes, bordea peligrosamente lo que el derecho internacional definiría como “terrorismo de Estado”.
Este concepto se refiere al uso metódico de la fuerza o la coerción por el gobierno o con su respaldo para dominar a los ciudadanos, suprimir la oposición y consolidar el control político. En este contexto, la inacción del Estado ante amenazas armadas de grupos no gubernamentales pero conectados con el régimen oficialista podría influir significativamente en la legitimidad democrática del régimen.
Entorno electoral y amenazas para la democracia
La discusión sobre estos grupos surge en un período especialmente sensible: la nación avanza hacia una nueva elección en un contexto de creciente división y falta de confianza en las instituciones. La existencia de fuerzas armadas al margen de la ley introduce un elemento de incertidumbre y miedo, afectando no solo a los electores, sino también a los actores políticos y sociales, quienes podrían ver restringida su participación debido a condiciones inseguras.
Organizaciones de derechos humanos han manifestado su preocupación ante lo que consideran una creciente erosión de garantías fundamentales. A ello se suma el riesgo de que el uso de colectivos armados como fuerza de choque altere el equilibrio político y condicione la libre expresión del sufragio y la participación ciudadana.
Un llamado a la responsabilidad institucional
La proliferación de grupos armados fuera del control legal, junto con la falta de respuesta de las autoridades responsables de asegurar la seguridad y el respeto al marco constitucional, genera serias dudas sobre la dirección institucional del país. A medida que aumentan las tensiones políticas y sociales, la ausencia de una posición clara por parte del Estado podría aumentar la percepción de impunidad y fomentar un ciclo de desconfianza que debilite aún más la estabilidad democrática.
Honduras se encuentra ante el desafío de ratificar su dedicación al Estado de derecho y la legalidad, en una época en que la población demanda claridad, equidad y medidas efectivas para la participación en la política sin miedo ni presión. La resolución de este conflicto definirá el ambiente político nacional en los meses venideros y evaluará la fortaleza de las instituciones democráticas del país.
