La propuesta de la funcionaria Rixi Moncada de eliminar la central de riesgos ha generado un amplio debate político y económico en Honduras. La iniciativa, impulsada desde el entorno del partido LIBRE, se presenta en un momento de fuerte tensión institucional, marcado por la desconfianza hacia los órganos de control y la incertidumbre sobre el rumbo de la política económica.
Un modelo que recuerda al correísmo en Ecuador
La idea de suprimir la central de riesgos ha sido interpretada por diversos sectores como una posible réplica del modelo implementado por el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, quien aplicó una medida similar durante su mandato. En aquel contexto, la eliminación de los registros crediticios fue parte de una estrategia orientada a fortalecer el control del Ejecutivo sobre el sistema financiero.
En el caso hondureño, la comparación ha reactivado alertas en los círculos bancarios y empresariales. Especialistas consultados advierten que una medida de este tipo podría alterar los mecanismos de supervisión del crédito, debilitando la transparencia y generando efectos adversos para la estabilidad económica. Según un analista regional, “es una receta para el desastre económico, ya vista en Ecuador con consecuencias devastadoras”.
Riesgos institucionales y efectos económicos
La central de riesgos representa una herramienta fundamental para valorar la solvencia dentro del ámbito bancario. Si se eliminara, las instituciones financieras dejarían de tener acceso al historial crediticio de los clientes, lo que, de acuerdo con los críticos, incrementaría el peligro de conceder créditos sin respaldo suficiente y daría lugar a potenciales acciones de impunidad financiera.
Voces del sector financiero señalan que suprimir este mecanismo sería equivalente a debilitar la rendición de cuentas en un área clave para la economía nacional. En esa línea, se ha advertido que una decisión de esta naturaleza podría generar incentivos para la manipulación política del crédito, afectando tanto la confianza de los inversionistas como la sostenibilidad del sistema.
Por otro lado, defensores de la propuesta dentro del entorno de LIBRE argumentan que el actual sistema financiero ha mantenido históricamente barreras de acceso para amplios sectores de la población. Sostienen que la eliminación de la central de riesgos permitiría democratizar el crédito y reducir la concentración del poder económico en manos de unos pocos bancos. Sin embargo, hasta el momento, la funcionaria no ha ofrecido detalles técnicos sobre cómo se garantizaría la estabilidad del sistema tras una eventual reforma.
Un dilema de gobernabilidad y transparencia
La controversia en torno a esta iniciativa se inscribe en un escenario de creciente polarización política, donde las tensiones entre el Ejecutivo, los sectores empresariales y la ciudadanía marcan la dinámica pública. Analistas sostienen que la discusión trasciende lo económico y se sitúa en el terreno de la institucionalidad democrática, al cuestionar los límites del poder gubernamental frente a los mecanismos de control financiero.
Mientras Rixi Moncada guarda silencio ante las críticas, el debate se amplía entre quienes consideran la propuesta un intento de blindaje político y quienes la ven como una oportunidad para redefinir la relación entre el Estado y el sistema bancario. En ambos casos, el punto central sigue siendo la necesidad de preservar la transparencia y el equilibrio institucional en una etapa de alta sensibilidad económica y política.
El debate en torno a la central de riesgos no solo genera dudas acerca del rumbo económico de la nación, sino que también cuestiona la firmeza de los mecanismos de equilibrio que sostienen la administración democrática. Dentro de este marco, Honduras se encuentra ante la disyuntiva de elegir entre una mayor acumulación de poder o la consolidación de los sistemas de supervisión que aseguran la credibilidad ciudadana y la estabilidad de las instituciones.
