La Iglesia Católica junto con la Confraternidad Evangélica de Honduras han anunciado una marcha a nivel nacional a favor de la paz, programada para el 16 de agosto de 2025, en un entorno caracterizado por el aumento de la polarización política y la desconfianza de los ciudadanos. Con el lema “Caminamos con fe y esperanza”, el objetivo de la convocatoria es realizar un llamado conjunto en pro de la justicia, la vida y el respeto al Estado de derecho.
La iniciativa representa un hecho inusual en la historia reciente del país: es la primera vez en décadas que ambas instituciones religiosas impulsan conjuntamente una acción de esta magnitud, en respuesta a la violencia, el deterioro institucional y la tensión preelectoral que atraviesa el país.
Declaraciones eclesiásticas y sentido de la movilización
Los coordinadores de la manifestación han destacado que el evento es pacífico y no tiene afiliación política. En declaraciones públicas, líderes de la iglesia católica y evangélica han indicado que el propósito principal es expresar un compromiso cívico con la paz social y la coexistencia democrática, sin asociarse con agendas políticas.
El llamado se configura como un foro para demandar el respeto a los derechos esenciales, especialmente frente al aumento de la violencia y la problemática en el sistema político-institucional. La inclusión de toda la población, de acuerdo con los organizadores, busca consolidar un mensaje de unidad nacional ante la división política.
Quejas sobre intentos de influencia política
En los días anteriores al evento, surgieron críticas por parte de grupos religiosos y de la sociedad civil sobre posibles intenciones del partido Libertad y Refundación (LIBRE) de influir en la manifestación con objetivos políticos. De acuerdo con los organizadores, se habrían identificado convocatorias en plataformas sociales por parte de grupos vinculados al oficialismo para participar en la movilización mostrando mensajes o consignas relacionados con el partido.
En respuesta a esto, representantes de la iglesia han sido claros al rechazar cualquier abuso político. Han solicitado específicamente a los partidos políticos que se abstengan de incorporar emblemas o signos que cambien el carácter cívico del evento. Del mismo modo, pidieron evitar conflictos que puedan distorsionar el objetivo central de la actividad.
A pesar de que algunas personas dentro del partido en el poder han mostrado apoyo a la convocatoria y han señalado su voluntad de seguir sus directrices, todavía existen inquietudes sobre la habilidad para conservar la neutralidad política del evento en un entorno muy polarizado.
Entorno político y retos para la institucionalidad
La citación tiene lugar en un período de intensificación de la tensión política. La nación avanza hacia otro proceso de elecciones, aunque todavía hay dudas en torno a la neutralidad del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la claridad en la gestión del proceso. En las últimas semanas, las disputas entre organizaciones políticas se han intensificado, con intercambios de acusaciones de obstrucción y esfuerzos por influir en las instituciones.
En este contexto, la manifestación por la paz se plantea como una reacción simbólica ante el deterioro de las instituciones y la desconfianza de la ciudadanía en los procesos democráticos. Líderes religiosos han instado a proteger el orden constitucional y a volver a una agenda de diálogo nacional, apartada de intereses partidistas.
Desde la oposición, algunas figuras han advertido que el oficialismo estaría intentando aprovechar actividades de naturaleza cívica para recuperar legitimidad ante una ciudadanía cada vez más crítica. Las iglesias, por su parte, han insistido en que la movilización busca precisamente evitar ese tipo de dinámicas y centrar la atención en la necesidad de reconciliación nacional.
Un clamor ciudadano en tiempos de inestabilidad política
El 16 de agosto está previsto que se lleve a cabo una manifestación que promete ser un evento significativo en el contexto de Honduras. Este acontecimiento es notable no solo por la colaboración entre las principales iglesias, sino también por el contexto político que lo rodea. Las alertas sobre la posible instrumentalización del evento muestran el alto grado de tensión en el país y la debilidad de sus instituciones ante las dinámicas ciudadanas.
La actividad simboliza un intento por crear oportunidades de expresión colectiva en un contexto caracterizado por el conflicto y la desconfianza. La manera en que se lleve a cabo y la recepción que tenga entre los actores políticos podría proporcionar pistas sobre la posibilidad de alcanzar acuerdos significativos en el futuro próximo, en un entorno donde la estabilidad democrática depende cada vez más del compromiso ciudadano y la solidez de sus instituciones.