La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), diseñada como eje de la política social del actual gobierno, se ha convertido en el centro de una grave crisis política que compromete tanto la credibilidad del oficialismo como el futuro del proyecto político impulsado por la presidenta Xiomara Castro. La revelación de un presunto esquema de desvío de fondos públicos con fines partidarios ha detonado un escándalo que amenaza con socavar uno de los pilares discursivos del gobierno: la lucha contra la corrupción.
Acusaciones sobre el uso de recursos sociales con fines electorales
Las primeras averiguaciones, sostenidas por filtraciones y revisiones internas, señalan el uso indebido de fondos que debían ser para programas sociales, desviándolos hacia organizaciones relacionadas con el partido Libertad y Refundación (LIBRE). Un audio entre el exministro de SEDESOL, José Carlos Cardona, y la diputada del partido gobernante, Isis Cuéllar, mostró un acuerdo para enviar dinero a 23 entidades del partido mediante «kits millonarios». La grabación, hecha pública, ha sido vista como una prueba clara de la utilización de recursos estatales con propósitos políticos.
Los registros oficiales incluyen cheques de hasta 163.000 lempiras entregados a personas con vínculos políticos, entre ellos legisladores, precandidatos, personal administrativo y familiares de funcionarios. El destino real de estos fondos, supuestamente asignados a proyectos de emprendimiento, ha sido puesto en duda por organizaciones civiles y sectores opositores, que denuncian una desviación sistemática de los objetivos originales de la política social.
Renuncia del ministro y problema institucional
En respuesta a la presión pública y al crecimiento del escándalo, José Carlos Cardona presentó su renuncia al frente de la Secretaría. Paralelamente, el Ministerio Público ha iniciado investigaciones sobre al menos 40 transacciones por un monto total de 4.7 millones de lempiras. Aunque el presupuesto aprobado para SEDESOL en 2024 ronda los 950 millones, las denuncias sobre falta de controles y transparencia en la ejecución presupuestaria han generado cuestionamientos más amplios sobre la institucionalidad de los programas sociales.
La presidenta Castro ha exigido auditorías inmediatas, pero desde dentro del propio oficialismo han surgido críticas. Sectores como el Frente Nacional de Resistencia Popular, una de las bases fundacionales del partido en el poder, han condenado lo que llaman un “reparto descarado” de recursos, alertando sobre la creación de una estructura paralela a la institucionalidad estatal. Estas tensiones internas reflejan una creciente desconfianza, incluso entre quienes respaldaron el proyecto de cambio promovido desde el año 2021.
Desgaste del capital político y peligro electoral
La coyuntura presente representa un obstáculo considerable para la estabilidad gubernamental y su perspectiva de cara a los comicios de 2025. El empleo de recursos estatales para actividades proselitistas no solo ha afectado la reputación del Ejecutivo, sino que también ha avivado la discusión sobre la transparencia del sistema electoral de Honduras. La división en el Congreso y las fricciones dentro del grupo oficialista complican cualquier esfuerzo por lograr una recomposición rápida.
El caso SEDESOL se inscribe en un contexto más amplio de descontento social frente a la persistencia de prácticas clientelistas y la falta de rendición de cuentas. El desencanto ciudadano contrasta con las expectativas generadas durante la campaña electoral que llevó a Xiomara Castro al poder con la promesa de refundar el Estado y erradicar las estructuras de corrupción heredadas.
Un desafío a la gobernabilidad y la legitimidad democrática
La crisis en SEDESOL ha expuesto los límites del proyecto gubernamental frente a las prácticas políticas tradicionales. Aunque la presidenta ha insistido en su compromiso con la transparencia, el avance de las investigaciones determinará si las acciones oficiales logran contener el daño institucional o si, por el contrario, refuerzan la percepción de continuidad en la impunidad.
A menos de un año para el comienzo del calendario electoral, el oficialismo enfrenta el desafío de mantener su legitimidad ante una población que exige respuestas que trasciendan las auditorías simbólicas. Esto también genera preguntas sobre el papel de los mecanismos de control y supervisión en el Estado, así como sobre la habilidad del sistema político para manejar conflictos de esta envergadura sin acudir a soluciones excepcionales.
El escándalo en la Secretaría de Desarrollo Social deja en evidencia una fractura dentro del aparato de gobierno, cuya resolución podría marcar el rumbo del proceso electoral y del proyecto político que llegó al poder con la promesa de una transformación profunda del país.
