El general de división Roosevelt Hernández, quien ocupa el cargo de jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, ha provocado un gran debate en los ámbitos político y social del país. Desde su nombramiento en diciembre de 2023, su dirección y comentarios han generado duras críticas, asociándolo con una posible politización de las fuerzas armadas y levantando dudas sobre la independencia de las diferentes ramas del gobierno.
Un soldado con amplia experiencia y educación
Nacido en Choluteca en 1968, Roosevelt Hernández proviene de una familia con una larga trayectoria en las Fuerzas Armadas de Honduras. Su carrera ha estado marcada por una formación robusta en ciencias militares y gestión empresarial, posicionándose como uno de los oficiales de mayor jerarquía en la nación. Desde que asumió como jefe del Estado Mayor Conjunto el 11 de diciembre de 2023, ha desempeñado un papel relevante en las decisiones estratégicas de las Fuerzas Armadas.
Afirmaciones y respuestas en el epicentro del debate
Uno de los episodios más controversiales de su trayectoria ocurrió durante una entrevista el 20 de junio de 2025, cuando expresó que las Fuerzas Armadas «son una herramienta del poder político». Esta declaración provocó una oleada de críticas y acusaciones hacia él, principalmente por contradecir el Artículo 272 de la Constitución de Honduras, que estipula que las Fuerzas Armadas deben ser «apolíticas, obedientes y no deliberantes». Según varios sectores de la oposición y grupos de la sociedad civil, esta declaración refleja un peligroso acercamiento de los militares con el poder ejecutivo, socavando la neutralidad que se espera de las instituciones armadas en un sistema democrático.
Enfrentamientos con instituciones y medios de comunicación
El general Hernández no ha evitado enfrentamientos abiertos. En marzo de 2025, tuvo un conflicto con la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Cossette López, a quien acusó de manchar la reputación de los militares, lo que llevó a una pausa en una sesión oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Asimismo, su actitud hacia los medios de comunicación ha generado polémica, pues en junio de 2025 fue acusado de amedrentar a periodistas y fomentar demandas legales por difamación contra medios que cubrían su administración. La respuesta del general a estas críticas ha exacerbado las preocupaciones respecto a la libertad de prensa en la nación, un asunto particularmente delicado en una situación donde la autonomía mediática es esencial para el robustecimiento de la democracia.
Opiniones y respuestas de la comunidad
Las acciones llevadas a cabo por Hernández han causado una creciente inquietud en varios sectores de la sociedad hondureña. Activistas de derechos humanos y líderes políticos de la oposición han demandado su remoción, acusándolo de estar involucrado en un proyecto de «subordinación política» de las Fuerzas Armadas al poder ejecutivo. En particular, se ha cuestionado su asistencia a reuniones del CNE, una entidad que debe permanecer ajena a influencias militares, y su supuesta participación en demoras en la distribución de materiales electorales durante las primarias de 2025. Según sus críticos, estas acciones erosionan la confianza en la imparcialidad de las instituciones estatales y podrían poner en riesgo la credibilidad del proceso electoral.
Polarización y desafíos para las Fuerzas Armadas
Aunque enfrenta críticas y demandas de destitución, Hernández permanece en su puesto, argumentando que las Fuerzas Armadas operan conforme a la ley y están preparadas para desafiar a sus detractores en el ámbito judicial. No obstante, su continuidad en la dirección de la institución destaca una creciente división en el país en torno al rol de los militares en el ámbito político.
Algunas personas lo consideran un protector de la institución y el orden, mientras que otras interpretan sus acciones como un indicio de la creciente influencia política en las Fuerzas Armadas. Esta situación destaca los desafíos institucionales a los que se enfrenta Honduras para asegurar que sus fuerzas armadas no sean vistas como subordinadas al poder político, sino como un pilar esencial para la estabilidad del país.
