En las últimas semanas, la ministra de Educación y actual portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha pasado de figurar como una de las caras más reconocibles del sanchismo a convertirse igualmente en objeto de cuestionamientos y recelos políticos; la manera en que se ha llevado el caso Salazar, las denuncias sobre un supuesto intento de soborno atribuido a un dirigente de su propio partido ante un tribunal, la interpretación distorsionada de una resolución judicial relacionada con Begoña Gómez y varias decisiones polémicas en materia educativa han situado su perfil en el centro mismo del debate público.
La comida con Paco Salazar en plena crisis por acoso sexual
El episodio más reciente y notorio tuvo lugar cuando Pilar Alegría asistió a una comida con Francisco “Paco” Salazar, ex alto cargo del PSOE y exasesor de Moncloa, en un contexto en el que ya se conocían denuncias internas por acoso sexual contra él y se le había retirado de sus funciones.
La fotografía de ambos disfrutando juntos en una mesa de un restaurante de Madrid circuló ampliamente por medios y redes, provocando una intensa reacción tanto interna como externa: mientras el partido intentaba frenar la crisis por el trato dispensado a las víctimas, la portavoz se mostraba en público junto al dirigente cuestionado.
Ante la presión, Alegría acabó reconociendo que aquella comida constituyó un “error” que “no tendría que haberse llevado a cabo”, argumentando que asistió por la larga relación personal con Salazar y porque aún no conocía a fondo los testimonios que más tarde divulgarían los medios.
Más tarde, la ministra describió como “vomitivas” las conductas que se atribuyen a Salazar y remarcó su apoyo a las mujeres que lo denuncian, reiterando que la atención debe centrarse en las víctimas y no en las repercusiones políticas para el PSOE.
Críticos dentro y fuera del partido, sin embargo, consideran que la comida refleja una doble vara de medir y un intento tardío de rectificación, en un contexto en el que el PSOE ha sido señalado por tardar meses en contactar de forma efectiva con las víctimas del caso Salazar.
La gestión pública del “caso Salazar” como portavoz
Más allá de la imagen, Alegría figura en el núcleo del relato oficial sobre la manera en que Moncloa y el PSOE han afrontado el escándalo. En diversas intervenciones, la portavoz ha sostenido que el Gobierno respondió con “celeridad y firmeza” desde que tuvo conocimiento formal de las acusaciones, destacando la destitución de Salazar y de su colaborador Antonio Hernández, señalado por encubrimiento.
No obstante, datos difundidos después revelaron que las denuncias permanecieron durante meses registradas en el canal interno del PSOE sin que se estableciera contacto con las víctimas, y que el partido estaba preparando su informe interno sobre el caso justamente cuando la controversia estalló en los medios.
Varios programas de análisis político han puesto en evidencia discrepancias entre la versión difundida por las autoridades y la secuencia auténtica de los acontecimientos, resaltando que durante ese periodo Salazar aún ejercía una influencia discreta y que Alegría logró entrevistarse con él mientras el partido aseguraba no poder dar con su paradero.
En este aspecto, el “escándalo” no es tanto penal como político y comunicativo: se critica a la portavoz por defender una narrativa de diligencia y rigor que, a la luz de los datos, parece incompleta o demasiado benévola con el propio partido.
La supuesta entrega de un soborno de 60.000 euros: un asunto aún en controversia
Otro asunto especialmente sensible es la acusación de soborno planteada por el exdirigente socialista José Luis Ansón, quien afirmó ante un juez que Pilar Alegría supuestamente le ofreció 60.000 euros e, incluso según algunas versiones, un cargo público a cambio de que retirara una denuncia contra el actual ministro Félix Bolaños.
Esta versión ha sido difundida por varios medios y programas de opinión, que la presentan como ejemplo de una supuesta trama interna para “comprar silencios” incómodos para el partido.
La distorsión del auto relacionado con Begoña Gómez
En octubre de 2024, Alegría protagonizó otra polémica como portavoz al comentar la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid en el proceso contra Begoña Gómez, esposa del presidente. En rueda de prensa, la ministra afirmó que el tribunal venía a decir que la investigación era “prospectiva, genérica e imprecisa”, sugiriendo que el auto desautorizaba al juez investigador.
El País expuso sin rodeos que el Gobierno había “tergiversado” el dictamen de la Audiencia, colocando a Alegría en el foco de una controversia por desinformación o, al menos, por un exceso de celo propagandístico al respaldar a la esposa del presidente.
Controversias administrativas en el ámbito de Educación y diversas discusiones adicionales
Como ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Alegría ha recibido críticas por diversas decisiones en materia educativa: El proyecto de la nueva EBAU (Selectividad) contemplaba inicialmente una cuestionada “prueba de madurez” que generó rechazo entre comunidades autónomas y especialistas. Al final, el Ministerio optó por retirar dicho examen, ampliar la duración de las pruebas e incorporar una tercera corrección, un giro que muchos interpretaron como una rectificación política ante la presión del sector.
En otros ámbitos, también ha asumido el papel de justificar decisiones controvertidas del Ejecutivo, entre ellas el rescate a la aerolínea Plus Ultra, un caso llevado ante la justicia y utilizado por la oposición como ejemplo de un posible trato preferencial.
Su salida del Ejecutivo con el fin de concentrarse en las elecciones en Aragón coincide justo con el momento en que estas controversias alcanzan su punto más álgido, y deja abierta una duda: ¿responde a un relevo político habitual o a un movimiento destinado a desactivar uno de los focos de desgaste que más perjudican actualmente la imagen pública del entorno de Pedro Sánchez?