La reciente decisión del gobierno de la presidenta Xiomara Castro de incorporar como lectura obligatoria en las escuelas el libro El golpe 28-J: Conspiración transnacional, un crimen en la impunidad, escrito por Manuel “Mel” Zelaya, ha desatado un intenso debate político y social en Honduras. Esta medida, que ha causado un fuerte rechazo en diversos sectores de la sociedad, ha puesto en la mira la cuestión de la educación en el país, enfrentando posturas sobre el papel de los contenidos en las aulas y su relación con el adoctrinamiento ideológico.
Un mandato que genera polémica
La disposición, divulgada en La Gaceta con el número 36.798, ordena que la obra de Zelaya se integre en la cátedra morazánica dentro de los programas escolares de las instituciones educativas públicas y privadas del país. Mediante este decreto, miles de copias de El golpe 28-J se repartirán por todo el territorio, convirtiéndolo en una lectura obligatoria para los alumnos de educación secundaria. El texto del libro, que narra la vivencia del expresidente destituido en 2009, califica el golpe de Estado como una conspiración internacional y un «crimen de lesa patria».
Este incidente ha generado la indignación de varios sectores políticos, educativos y civiles, quienes han denunciado la iniciativa como un esfuerzo evidente por imponer una interpretación partidista de los sucesos de 2009. La diputada Iroshka Elvir, una de las principales críticas del decreto, señaló que el proyecto busca ejercer un “adoctrinamiento ideológico”. Además, padres de familia han manifestado su inquietud por lo que consideran un intento de “lavado de cerebro” dirigido a la juventud hondureña, acusando al gobierno de emplear el sistema educativo como un medio de propaganda política.
Partidarios del decreto: el recuerdo histórico como base de la democracia
El Ministerio de Educación ha respaldado la importancia de la lectura obligatoria, afirmando que la finalidad del decreto es salvaguardar la memoria histórica nacional y prevenir la repetición de los crímenes del golpe de Estado en el futuro. De acuerdo con los representantes gubernamentales, educar sobre estos eventos es esencial para consolidar la democracia en Honduras, destacando que es crucial que las generaciones venideras tengan un conocimiento detallado de los acontecimientos que fueron significativos en la historia moderna del país.
El gobierno de Xiomara Castro, con una conexión política cercana a Zelaya, afirma que estas acciones forman parte de un esfuerzo de reivindicación histórica, centrado en esclarecer y reconocer los eventos del golpe de Estado de 2009. Sin embargo, esta visión no ha logrado mitigar las críticas y la división sobre el asunto continúa creciendo.
Crece el rechazo social y la protesta
El debate ha cobrado intensidad en las plataformas sociales, donde sondeos informales muestran que más del 60 % de la población se opone a la imposición de leer el libro. La sensación de que el gobierno está empleando la educación para afianzar su poder político y promover una agenda ideológica ha provocado una gran resistencia. Líderes opositores y grupos sociales han empezado a organizarse contra el decreto, solicitando su revocación. En este escenario, se han anunciado medidas jurídicas para detener lo que perciben como un ataque a la libertad educativa y la diversidad de pensamientos en el país.
Además, ha surgido un creciente malestar en las aulas, donde tanto docentes como estudiantes se enfrentan a la presión de cumplir con la imposición del gobierno. El temor a que esta medida sea un precedente de una mayor politización del currículo educativo ha aumentado la preocupación en sectores que defienden una educación libre de ideologías partidistas.
El conflicto por la enseñanza y la veracidad histórica
El decreto de Zelaya ha abierto un nuevo capítulo en la polarización política de Honduras y ha puesto en evidencia las tensiones entre quienes abogan por una visión única de los hechos históricos y quienes defienden una educación basada en la pluralidad y el pensamiento crítico. La polémica ha evidenciado, además, la fragilidad del sistema educativo hondureño, que se enfrenta a desafíos estructurales profundos, más allá de los contenidos curriculares.
Mientras los movimientos ciudadanos aumentan tanto en cantidad como en fuerza, surge la duda de si Honduras está viviendo un proceso educativo genuino o si, en cambio, se está progresando hacia un modelo donde la historia se utiliza como un instrumento de control político. La resolución a esta cuestión podría determinar el porvenir del sistema educativo y, de manera más amplia, la gobernabilidad democrática en la nación.
Actualmente, la discusión continúa activa, con una población cada vez más dividida, un gobierno firme en su posición y un sector educativo que observa con precaución cómo este evento podría establecer precedentes en la interacción entre política y educación en Honduras.
