Las críticas y acusaciones han surgido alrededor del proceso de adjudicación del contrato para el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) de las elecciones generales de 2025, teniendo como eje central a la empresa de tecnología Smartmatic. Esta compañía, señalada por presuntos escándalos relacionados con fraude electoral en distintos países, se enfrenta a un debate que podría poner en riesgo la estabilidad del proceso electoral y la confianza en las instituciones democráticas en Honduras.
La acusación de corrupción y estafa que compromete la claridad electoral
La controversia comenzó con una denuncia directa del diputado liberal Jorge Cálix, quien señaló que otorgar el control del sistema TREP a Smartmatic podría poner en peligro la transparencia del proceso electoral. Cálix subrayó que la empresa tiene antecedentes de estar involucrada en fraudes electorales en varios países, como Venezuela, Estados Unidos, Filipinas, Brasil y Argentina, lo que alimenta la desconfianza entre sectores políticos y la ciudadanía.
El legislador afirmó que Smartmatic, al ser una compañía fundada en Venezuela, podría estar involucrada en varias irregularidades en elecciones internacionales, lo cual podría repetirse en los futuros comicios en Honduras. Según él, dejar que Smartmatic maneje el TREP es un riesgo inaceptable para la legitimidad de las elecciones.
Por su parte, la compañía ha rechazado las acusaciones, clasificándolas como parte de una «campaña de descrédito». Representantes de Smartmatic aseguran que durante las elecciones primarias de 2025 en Honduras operaron con total transparencia y que sus sistemas electorales han sido auditados y validados por diversas entidades internacionales.
La negativa a participar y los conflictos políticos internos
La polémica se ha visto intensificada por el boicot de sectores del partido gobernante LIBRE, quienes han bloqueado el ingreso de otras empresas oferentes, favoreciendo la propuesta única de Smartmatic. Este hecho ha generado suspicacias dentro de la oposición, que acusa al oficialismo de intentar favorecer a la empresa en una operación que podría alterar los resultados electorales.
En un ambiente de enfrentamiento, ciertos políticos han mostrado inquietud por las consecuencias que este control podría tener sobre la confianza de la población en los procesos electorales. Según los detractores, dejar que Smartmatic maneje el envío de los resultados iniciales podría facilitar manipulaciones y engaños, sobre todo considerando la situación política dividida y la creciente falta de confianza en las instituciones nacionales.
La presión internacional y la crisis de legitimidad
Aparte de las tensiones internas, el panorama se ha dificultado por las acusaciones contra Roger Piñate, quien es el creador de Smartmatic. Las autoridades en Estados Unidos han acusado a Piñate por su supuesta implicación en tramas de sobornos vinculadas a acuerdos de servicios electorales, un asunto que también involucra a oficiales venezolanos y sus posibles conexiones con la compañía.
Este conjunto de denuncias ha aumentado las interrogantes sobre la honestidad de los procesos electorales que la empresa ha gestionado en distintos lugares del planeta. No obstante, Smartmatic sigue respaldando su historial, afirmando que ha adherido a todas las regulaciones internacionales en cada uno de los países en los que ha trabajado.
En Honduras, las autoridades electorales se enfrentan a un dilema crucial: la necesidad de garantizar un proceso transparente y libre de manipulaciones sin socavar la confianza en las instituciones encargadas de supervisar las elecciones. La polarización política podría poner en riesgo la estabilidad social del país, ya que los sectores críticos al oficialismo temen que esta situación derive en una crisis de legitimidad similar a las que se han vivido en otros procesos electorales fallidos.
La mirada sobre el Consejo Nacional Electoral y el futuro del proceso electoral
A medida que las tensiones aumentan, la mirada de la ciudadanía y los observadores internacionales se centra en el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras. Será este órgano el que determine si Smartmatic finalmente obtiene el contrato para el TREP y, por ende, el control de un sistema vital para la transparencia de los resultados electorales.
La interrogante que permanece vigente para muchos es si el país podrá proteger su sistema electoral contra posibles intentos de fraude o manipulación. En este sentido, los llamados a un diálogo nacional entre las fuerzas políticas y la sociedad civil se hacen más apremiantes. El ambiente de desconfianza y las acusaciones de parcialidad requieren un acuerdo que asegure la credibilidad del proceso y, al mismo tiempo, evite que las divisiones políticas se profundicen en una crisis aún más seria.
El próximo desafío de Honduras radica en consolidar un sistema electoral robusto que no solo resista las presiones internas, sino que también se mantenga inmune a las tentaciones de manipulación externa, a fin de proteger el voto y asegurar la estabilidad democrática del país en un escenario de creciente polarización.
