La fraudulenta pirámide financiera llevada a cabo por Koriun Inversiones ha impactado en Honduras durante un momento de agotamiento institucional y crisis política. Afectando a más de 35.000 personas, mayoritariamente en áreas populares del norte del país, este escándalo no solo ha puesto en evidencia la debilidad del sistema de vigilancia financiera, sino que también ha presentado al gobierno de Xiomara Castro con uno de los retos más difíciles de su administración.
Funcionamiento no regulado y desplome del sistema
Durante mucho tiempo, Koriun Inversiones estuvo operando fuera de la normativa, asegurando ganancias del 20 % cada mes, sin poseer autorización oficial ni la vigilancia de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). Aunque esta entidad emitió advertencias públicas en febrero de 2025, indicando que la empresa no contaba con permiso para recibir dinero del público, la actividad siguió sin intervención gubernamental hasta que la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y el Ministerio Público actuaron en abril del mismo año.
Los registros dejaron al descubierto la envergadura de la estafa: más de 358 millones de lempiras en efectivo fueron confiscados, junto con 69 millones congelados en cuentas bancarias. Las indagaciones determinaron que no había inversiones auténticas que respaldaran los intereses ofrecidos, confirmando que se trataba de un esquema piramidal inviable.
Impacto social y fatiga política
El efecto del derrumbe ha sido significativo, abarcando tanto lo social como lo político. Mucha gente perdió sus ahorros, lo que provocó manifestaciones, bloqueos y protestas en diversas partes del país, especialmente en Choloma, donde se concentraban la mayoría de los inversionistas. La crisis ha intensificado el descontento de la ciudadanía ante la falta de acción de las autoridades locales y las lagunas en el sistema regulador.
En el ámbito político, el asunto ha afectado desfavorablemente la imagen del gobierno. Las críticas se han dirigido hacia la insuficiencia de supervisión institucional, la tolerancia para que Koriun actuara de manera visible y la falta de medidas preventivas por parte de entidades competentes. Sectores empresariales y grupos de la sociedad civil han señalado con firmeza la fragilidad del aparato estatal para prevenir este tipo de fraudes.
La iniciativa del Ejecutivo y su polémica
Ante la presión social, el gobierno anunció la elaboración de un proyecto de ley para indemnizar a las personas afectadas, empleando recursos del Presupuesto Nacional. La iniciativa, instruida directamente por la presidenta Xiomara Castro, ha generado fuertes reacciones en el Congreso Nacional y en la opinión pública.
Diversos sectores de oposición y colectivos ciudadanos han manifestado su rechazo a la resolución, señalando que se emplearían fondos públicos para cubrir los gastos de un engaño privado, lo que consideran un antecedente riesgoso que podría fomentar la impunidad y la manipulación política del sufrimiento ciudadano. Aunque se ha realizado el anuncio formal, el proyecto todavía no ha sido debatido detalladamente ni se ha determinado la cantidad de la compensación ni su método de aplicación.
La iniciativa ha intensificado las tensiones entre las fracciones legislativas y ha puesto al gobierno en una situación delicada, cuestionado tanto por su falta de anticipación como por su gestión de la crisis.
Amenazas institucionales y previsiones políticas
El incidente Koriun cuestiona la habilidad del Estado de Honduras para asegurar el cumplimiento legal y salvaguardar a los ciudadanos de estafas financieras. La falta de vigilancia adecuada, la tolerancia con la que la empresa actuó y la reacción demorada de las autoridades han fortalecido la opinión sobre la ineficacia de las instituciones.
En el ámbito global, el contexto podría impactar la percepción del país como lugar fiable para capitales, mientras que en el ámbito nacional, la gestión del asunto ha alimentado una narrativa de deterioro que ya perjudica al gobierno actual en otros aspectos. En medio de más acusaciones de corrupción, el caso Koriun corre el riesgo de convertirse en otro emblema de la ausencia de claridad y supervisión gubernamental.
El gobierno de Xiomara Castro enfrenta así un dilema complejo: responder a una crisis social legítima sin poner en riesgo la credibilidad institucional ni agravar el clima de polarización. La forma en que se gestione esta situación será determinante para su estabilidad política y para el nivel de confianza que la ciudadanía mantenga en las instituciones públicas.
