A diez meses de haberse publicado el video que conecta a un importante personaje del círculo presidencial con actividades del narcotráfico, la Fiscalía de Honduras sigue sin presentar resultados claros. La falta de acción del Ministerio Público ante un escándalo que afecta al entorno más cercano de la presidenta Xiomara Castro ha aumentado la presión política y ha generado una mayor desconfianza en las instituciones.
Ministerio Público sin explicaciones definitivas en un caso de gran repercusión
A partir de septiembre de 2024, se divulgó un video denominado «narcovideo» en el cual se observa a Carlos Zelaya, hermano del exmandatario Manuel Zelaya y cuñado de la presidenta Castro, participando en un encuentro con narcotraficantes. Hasta la fecha, la Fiscalía no ha presentado cargos formales ni ha mostrado un progreso procesal claro. En el video, las personas involucradas ofrecen 13 millones de lempiras para financiar la campaña de LIBRE en 2013, el partido actualmente en el poder.
Tras la filtración, Carlos Zelaya renunció a su cargo como diputado y secretario del Congreso Nacional. Lo mismo hizo su hijo, José Manuel Zelaya, quien entonces ocupaba el cargo de secretario de Defensa. Rafael Sarmiento, jefe de la bancada oficialista, también puso su puesto a disposición. Sin embargo, más allá de estas salidas, no ha habido acciones judiciales concretas.
El Ministerio Público ha informado que el caso se encuentra “en análisis”, con solicitud de asistencia jurídica a Estados Unidos para obtener el video completo y documentación relacionada con juicios previos. No obstante, a la fecha no se conocen resultados de dichas gestiones, ni se ha presentado un cronograma público de investigación.
Reacciones políticas y demandas de rendición de cuentas
La publicación del video provocó una serie de respuestas de varios ámbitos. La mandataria Xiomara Castro rechazó cualquier asociación de figuras políticas con organizaciones delictivas, aunque describió la divulgación como un esfuerzo por desestabilizar su administración con vistas a los comicios de 2025.
Sin embargo, para grupos anticorrupción y sectores en contra, el escándalo ha cuestionado la honestidad del plan político de LIBRE. Algunos actores han pedido incluso la dimisión de la presidenta, afirmando que el caso va en contra de su mensaje de cambio y de combate contra el narcoestado.
Estas posiciones muestran un incremento de la tensión en el entorno político nacional, donde las demandas para aclarar responsabilidades se enfrentan a una respuesta institucional vista como deficiente. La carencia de medidas concretas del Ministerio Público ha reforzado la percepción de impunidad en casos relacionados con individuos próximos al poder.
Erosión institucional en un contexto de polarización electoral
El “narcovideo” no ha sido un incidente solitario. Se añade a una serie de controversias recientes que han mermado la confianza pública en las promesas de transformación presentadas por el gobierno de Castro. La ausencia de respuestas judiciales ha intensificado la percepción de que el sistema estatal no opera con la misma determinación cuando los involucrados son parte del oficialismo.
Con las elecciones generales previstas para noviembre de 2025, este caso cobra importancia estratégica. La oposición ha empezado a aprovechar el deterioro del gobierno, mientras el partido gobernante intenta reducir el impacto del escándalo en su discurso público. En esta situación, la exigencia social por transparencia y justicia permanece como un factor de presión constante.
Un ejemplo que define el ritmo de la institucionalidad en Honduras
Casi un año después de haberse dado a conocer, el narcovideo sigue sin llevar a acciones legales concretas, al tiempo que crecen las críticas hacia el papel de la Fiscalía y la dedicación del gobierno a la apertura informativa. La continua inacción daña todavía más la credibilidad de las instituciones, en una nación caracterizada por su pasado de impunidad y la constante presencia del crimen organizado en el ámbito político.
El manejo de este caso representa no solo un reto inmediato para el gobierno de Xiomara Castro, sino también una prueba crítica para la solidez del Estado de derecho en Honduras. La manera en que se resuelva o se omita marcará el curso de la credibilidad institucional de cara a un proceso electoral altamente polarizado.
