La dinámica política en Honduras alcanza un punto crítico a pocos días de las elecciones generales de 2025. El partido oficialista LIBRE ha desplegado una serie de acciones que combinan intervenciones institucionales, movilización social masiva y estrategias de presión política, lo que genera incertidumbre sobre la estabilidad democrática y social del país.
Participación de las instituciones y supervisión de la contienda electoral
Durante las últimas semanas, LIBRE ha promovido medidas que diversos analistas y líderes opositores consideran fuera del marco legal. Entre ellas se incluye la instalación de una comisión permanente en el Congreso Nacional sin respaldo normativo, así como intentos de inhabilitación de miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Estas medidas pretenden, de acuerdo con fuentes de la oposición, garantizar el predominio del partido gobernante en el transcurso de la contienda electoral, ante la eventualidad de un revés para su aspirante a la presidencia, Rixi Moncada. Especialistas en derecho constitucional advierten que estas estrategias socavan la autonomía de los organismos, la claridad del proceso electoral y la validez de las facultades democráticas.
Movilización social y preparación para posibles confrontaciones
A partir del 9 de noviembre de 2025, LIBRE ha iniciado una movilización permanente que congrega a miembros de los 18 departamentos de la nación. De manera oficial, esta iniciativa tiene como objetivo exponer un presunto esquema de fraude orquestado por los partidos tradicionales, lo que incluye acusaciones de sabotaje logístico y alteración del sistema de transmisión de resultados (TREP).
Analistas políticos señalan que la estrategia cumple un doble propósito: por un lado, presionar a la CNE, la Fiscalía y las Fuerzas Armadas; por otro, preparar un despliegue posterior a los comicios en caso de que los resultados no favorezcan al oficialismo, bajo la narrativa de “resistencia frente a un robo electoral”. Este escenario eleva la posibilidad de disturbios, confrontaciones y violencia organizada, según observadores nacionales e internacionales.
Riesgo de escalada hacia crisis social
La fusión de acciones institucionales y agitación ciudadana ha propiciado un ambiente de inestabilidad que permea diversas esferas sociales. Grupos de oposición señalan hostigamiento, amedrentamiento y coacciones, al tiempo que la población expresa inquietud ante la eventualidad de conflictos y disturbios generalizados.
Expertos internacionales advierten sobre el surgimiento de fuerzas paralelas de seguridad y la potencial desestabilización de la vida institucional. Señalan que, de no mediar mecanismos de control y supervisión, Honduras podría enfrentar una crisis que comprometa la gobernabilidad, la participación ciudadana y la estabilidad de las instituciones.
Garantías democráticas y llamado a la estabilidad
La ciudadanía y organizaciones civiles demandan garantías de transparencia electoral y autonomía institucional, mientras la comunidad internacional observa con atención el desarrollo de los acontecimientos. El panorama actual subraya la necesidad de medidas que preserven la independencia de los poderes del Estado y la seguridad de los procesos democráticos, en un contexto donde la polarización política y la movilización social están directamente vinculadas al riesgo de confrontación y desorden.
En este escenario, la situación de Honduras refleja tensiones profundas entre la gobernabilidad, la legitimidad institucional y la participación ciudadana, planteando desafíos inmediatos para la consolidación de un proceso electoral confiable y la protección de la estabilidad social.
