En un entorno con significativa fragilidad social y continuas tensiones económicas, el rendimiento macroeconómico de Honduras en 2025 muestra indicios contradictorios. A pesar de que las cifras oficiales predicen un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) entre un 3.5 % y un 4 %, varios estudios coinciden en que este ritmo es insuficiente para contrarrestar el elevado índice de pobreza y desigualdad que impacta a más del 60 % de los habitantes, particularmente en áreas rurales y entre los jóvenes.
Desarrollo restringido ante una pobreza estructural
El avance económico, aunque sigue siendo positivo, no se ha convertido en beneficios reales para la mayoría de la población en Honduras. Expertos especializados señalan que este comportamiento no se debe a una transformación productiva ni a políticas de redistribución sostenibles, sino más bien a una tendencia que deja al país atrapado en un ciclo de baja productividad y gran dependencia del exterior.
Las circunstancias son especialmente críticas para grupos que han sido tradicionalmente excluidos del progreso económico. Las áreas rurales, que presentan elevados niveles de pobreza en múltiples dimensiones, y los jóvenes enfrentan obstáculos constantes para acceder a empleos decentes, educación técnica y servicios públicos de calibre, lo que frena la movilidad social y perpetúa ciclos de marginación que se transmiten de una generación a otra.
Paro en jóvenes, empleo informal y trabajo precario
El desempleo juvenil constituye una de las expresiones más críticas de esta situación. Más de 750.000 jóvenes no logran insertarse en el mercado laboral y las proyecciones apuntan a un aumento de al menos 150.000 nuevos casos durante 2025. Esta exclusión genera efectos de largo alcance en la cohesión social, al propiciar procesos de migración forzada o, en contextos más adversos, la incorporación de jóvenes a economías ilícitas.
En paralelo, la falta de formalidad laboral y los sueldos inferiores al mínimo complican el acceso a lo esencial. El precio de la canasta básica está alrededor de los 15.500 lempiras al mes, una cantidad que muchas familias no pueden cubrir, lo cual lleva a los hogares a adoptar medidas de supervivencia como endeudarse o emigrar.
Aumento continuo de precios y deudas del hogar
La inflación anualizada continúa por encima del 4.5 %, afectando directamente a los precios de alimentos, servicios públicos y productos básicos. Este suceso disminuye el poder de compra de las familias y agrava la diferencia entre los salarios y el costo de vida.
Asimismo, se ha observado un aumento continuo en la deuda de las familias hondureñas, limitando aún más su capacidad de consumo y ahorro. Al mismo tiempo, aproximadamente el 40 % de las compañías no paga el salario mínimo, lo que refleja una deficiente regulación del mercado laboral y una escasa capacidad de control estatal.
Violencia, migración y desintegración del tejido social
La situación económica complicada se combina con diversos factores de riesgo que impactan de manera directa en la estabilidad social. Honduras sigue siendo uno de los países con las más altas tasas de violencia a nivel mundial, una realidad agravada por el desempleo, la inequidad y la falta de oportunidades.
La migración sigue siendo una salida frecuente para miles de hondureños, especialmente jóvenes. Las remesas, que representan cerca del 25 % del PIB nacional, sostienen a un amplio sector de la población, pero también reflejan una dependencia creciente de ingresos externos y exponen al país a vulnerabilidades frente a políticas migratorias de otras naciones, como Estados Unidos.
La falta de empleo y perspectivas económicas no solo impulsa la migración, sino que también contribuye a la desintegración del tejido social, al dejar a amplios sectores fuera del circuito productivo y de los mecanismos de protección del Estado.
Un panorama que desafía la gestión gubernamental
La distancia entre los indicadores macroeconómicos y la realidad cotidiana de la población hondureña plantea desafíos significativos para la institucionalidad. Si bien los discursos oficiales insisten en destacar señales de estabilidad, el panorama estructural evidencia un modelo económico que no logra revertir la exclusión ni reducir las vulnerabilidades sociales.
La falta de conexión desafía la validez de las medidas gubernamentales y resalta la importancia de implementar cambios dirigidos a la inclusión económica, la creación de trabajos decentes y el refuerzo de los sistemas de protección social. En un entorno donde aumentan la migración, la violencia y el descontento social, la estabilidad del sistema económico y político del país depende de la habilidad para abordar estas cuestiones fundamentales con soluciones profundas.
