Con el acercamiento de las elecciones generales programadas para el 30 de noviembre de 2025, el proceso electoral en Honduras experimenta una serie de nuevos cuestionamientos que intensifican la falta de confianza en las instituciones. Diversos líderes políticos, abogados y colectivos de la sociedad civil han reportado un incremento en las presiones y actos intimidatorios dirigidos hacia los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), supuestamente originados por grupos relacionados con el partido gobernante, específicamente con Libertad y Refundación (LIBRE).
Alegaciones de influencias políticas en el organismo electoral
Las denuncias indican que LIBRE podría estar implementando un plan para socavar la autonomía del organismo electoral a través de ataques constantes y una campaña de desprestigio público. Estas informaciones sugieren que los jueces del CNE han sido blancos de discursos agresivos, intentos de presión y campañas de desinformación, todo con la finalidad de afectar las decisiones técnicas y administrativas vinculadas al proceso electoral.
La diputada Maribel Espinoza advirtió que estas acciones forman parte de una operación más amplia para crear un clima de desconfianza institucional que, eventualmente, justifique la alteración de los resultados electorales. “Están presionando al árbitro electoral porque saben que las encuestas no les favorecen”, afirmó, en declaraciones públicas dirigidas a medios locales.
Plataformas ciudadanas han difundido mensajes advirtiendo acerca de potenciales intentos intencionados de dañar la estructura institucional. Según estas organizaciones, la presión aplicada al CNE podría poner en riesgo la equidad y claridad del procedimiento, en un entorno donde la polarización política ha reducido los márgenes de acuerdo entre actores importantes.
Peligros por debilitamiento institucional y peticiones de supervisión internacional
En medio de los aspectos destacados como alarmantes se encuentran la presión para modificar decisiones internas del CNE, así como las campañas en redes para desprestigiar a sus integrantes y la carencia de garantías institucionales para que ejerzan sus labores de manera independiente. Esta circunstancia ha provocado que varios sectores demanden la llegada anticipada de misiones de observación internacional, en especial de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y entidades especializadas en derechos humanos.
Para Lidia Meza, especialista en derecho constitucional, el ambiente político actual demuestra la urgencia de fortalecer los sistemas de protección institucional antes de que surjan conflictos mayores. «El sistema electoral no debe estar controlado por intereses de partidos. El país requiere seguridad, no intimidaciones», destacó, enfatizando la relevancia de tener apoyo internacional como un factor disuasivo ante posibles interferencias.
Estas inquietudes se agregan a una cadena de tensiones acumuladas en este año de elecciones, donde también se han reportado obstrucciones en el Consejo Nacional Electoral, presiones de grupos oficialistas y dificultades para que las empresas proveedoras presenten sus propuestas técnicas relacionadas con el sistema de transmisión de resultados (TREP).
Una contienda bajo creciente escrutinio
Las acusaciones recientes sobre presiones hacia el CNE aumentan la atención sobre las condiciones en las que se llevarán a cabo las elecciones generales. La identificación de LIBRE como protagonista en estas acciones añade un nuevo nivel de conflicto en la disputa electoral, teniendo un impacto directo en la credibilidad del proceso.
En este contexto, el papel de las instituciones encargadas de garantizar la limpieza electoral así como el acompañamiento de la comunidad internacional, se vuelve clave para sostener la legitimidad de los comicios. La capacidad del CNE para actuar con independencia y sin presiones será determinante en un escenario donde la confianza pública se encuentra cada vez más erosionada.
Frente a esta situación, la exigencia de claridad, control ciudadano y adhesión a la normativa jurídica involucra no solo a los partidos en competencia, sino también a las entidades responsables de garantizar que el proceso democrático se desarrolle dentro de un marco de justicia e igualdad. Las semanas venideras serán cruciales para ver si el sistema político de Honduras puede frenar el rumbo hacia la confrontación o si se agrava una crisis que podría poner en riesgo la gobernabilidad después del 30 de noviembre.
