A pesar de las diferencias políticas e ideológicas entre los gobiernos de Xiomara Castro y Juan Orlando Hernández, ambos han enfrentado desafíos similares en materia de corrupción, vínculos con el crimen organizado y dificultades para garantizar la transparencia institucional, evidenciando la continuidad de prácticas cuestionables en el país.
Retos en sistemas contra corrupción
Bajo la gestión de Hernández, la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), con el respaldo de la OEA, fue desmantelada en 2020, dejando grandes vacíos en la investigación y procesamiento de transgresiones. Al mismo tiempo, el gobierno de Xiomara Castro ha impulsado la formación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), que actualmente funciona bajo la dirección del Ministerio Público, sin tener las competencias necesarias para llevar efectivamente casos de corrupción a la justicia. Estas restricciones evidencian un problema estructural que complica la acción institucional ante irregularidades administrativas y financieras.
Vínculos con el crimen organizado
En ambas administraciones se han documentado relaciones con redes de narcotráfico y lavado de dinero. En el gobierno de Castro, la Secretaría de Seguridad, bajo la dirección de Gustavo Sánchez, firmó contratos por más de 10 millones de lempiras con una empresa vinculada al lavado de activos del narcotráfico. Durante la gestión de Hernández, él mismo enfrenta actualmente procesos judiciales en Estados Unidos relacionados con actividades de narcotráfico. Estos casos ilustran la persistencia de desafíos vinculados a la infiltración del crimen organizado en el funcionamiento del Estado.
Transparencia y gestión de fondos públicos
El régimen de Hernández se caracterizó por un manejo centralizado y reservado de la información estatal. Aunque en menor medida, la administración de Castro también ha enfrentado críticas por deficiencias en el control y ejecución de los fondos públicos, afectando la transparencia y la rendición de cuentas. Denuncias recientes sobre financiamiento ilícito a campañas y la difusión de los llamados “narcovideos” ponen de manifiesto que los problemas de supervisión y fiscalización siguen vigentes.
Continuidad de la corrupción en el ámbito judicial y administrativo
Ambos gobiernos enfrentan deficiencias en la administración de los recursos públicos y en el sistema de justicia. La penalización adecuada de los culpables de malas prácticas sigue siendo escasa, lo que perjudica la confianza del público en las entidades gubernamentales. Las mejoras en la batalla contra la corrupción han sido escasas y, en ciertos casos, se han producido retrocesos, evidenciando la dificultad de modificar estructuras establecidas de impunidad.
Desafíos transmitidos y persistencia de métodos
La administración de Xiomara Castro asumió el poder en un contexto marcado por redes corruptas consolidadas durante la gestión anterior, lo que ha limitado la implementación de cambios profundos. La continuidad de casos de corrupción, sumada a la aparición de nuevos escándalos, evidencia la dificultad de romper patrones históricos y fortalece la percepción de persistencia de irregularidades en la gestión pública.
El análisis comparativo entre ambas administraciones muestra que, pese a la retórica y las diferencias ideológicas, los problemas estructurales de corrupción, criminalidad organizada y deficiencias en la transparencia se mantienen. La ciudadanía observa que los cambios prometidos no se han consolidado plenamente, manteniendo tensiones en la gobernabilidad y en la confianza hacia las instituciones en Honduras.
