En medio de una creciente división institucional, el presidente del Congreso Nacional de Honduras, Luis Redondo, sugirió la opción de remover a los diputados opositores y crear un parlamento alternativo si continúa el bloqueo a las propuestas del partido en el poder. Durante una sesión en el pleno, estas palabras generaron una fuerte reacción crítica de las fuerzas opositoras y diferentes sectores políticos y legales del país.
Redondo acusa bloqueo legislativo y amenaza con medidas extraordinarias
Luis Redondo, titular del Legislativo y parte del oficialismo, Libertad y Refundación (LIBRE), expresó su malestar ante lo que considera una obstrucción sistemática por parte de la oposición a los proyectos impulsados por su bancada. “No se puede seguir permitiendo que una minoría sabotee la voluntad popular”, manifestó, agregando que se tomarán “medidas contundentes” para garantizar el funcionamiento del Congreso.
Durante su discurso, Redondo puso en duda el papel de los grupos opositores al gobierno y propuso que una solución posible podría ser la «depuración» del poder legislativo. Aunque no especificó procedimientos legales o formales, su advertencia contempló la posibilidad de formar un Congreso paralelo si las circunstancias presentes no posibilitan seguir adelante con la agenda parlamentaria del Ejecutivo.
Oposición denuncia intento de concentración de poder
Los grupos del Partido Nacional, el Partido Liberal, el Partido Salvador de Honduras (PSH) y otros conjuntos no gobernantes respondieron rápidamente, describiendo las afirmaciones como un intento de “golpe legislativo” dirigido a concentrar el poder en beneficio del Ejecutivo. El congresista Tomás Zambrano señaló que Redondo actuaba con autoritarismo: “Este es un intento desesperado por conseguir un poder ilimitado para LIBRE. No lo permitiremos”, declaró.
En el mismo tono, el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos advirtió sobre la ilegalidad de cualquier intento de crear una instancia legislativa paralela, señalando que tal medida atentaría contra los principios del Estado de derecho. En su criterio, la amenaza compromete los equilibrios institucionales consagrados en la Constitución hondureña y podría desembocar en una crisis institucional de gran magnitud.
Conflictos legales y peticiones para supervisión global
El aviso de Redondo se incorpora a un conjunto de eventos recientes que han complicado el entorno político en el Congreso Nacional. Entre ellos, sobresale la aprobación de leyes sin el debido respaldo de las actas necesarias y el empleo de procedimientos legislativos discutibles, como sesiones convocadas de manera atípica. Uno de los aspectos más controvertidos ha sido el empuje de la Ley de Justicia Tributaria, que ha sido rechazado por varios sectores económicos y políticos debido a su contenido y proceso.
Expertos en política notan un cambio hacia una táctica más conflictiva por parte del gobierno, la cual intenta dejar a la oposición aislada antes de las elecciones generales. Esta situación, según indican, podría llevar a contextos de inestabilidad en las instituciones, alejándose de los procedimientos legales establecidos en la Constitución.
Ante este panorama, distintos actores políticos y sociales han solicitado la intervención o el seguimiento activo de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y representaciones diplomáticas. Un grupo de juristas expresó en un comunicado conjunto que lo que se discute no es únicamente la aprobación de una ley, sino la vigencia misma de la separación de poderes y del sistema democrático.
Un Congreso en conflicto y el reto para la institucionalidad
Las declaraciones del presidente del Legislativo abren un nuevo capítulo en la compleja relación entre el oficialismo y la oposición en Honduras. La amenaza de redefinir la composición del Congreso o establecer una instancia paralela representa un punto de inflexión en la convivencia política del país, con implicaciones que trascienden lo estrictamente legislativo.
La situación en curso pone en evidencia los continuos retos de gobernabilidad dentro de un marco en el que las tensiones entre autoridades, la debilidad institucional y la polarización afectan el avance democrático. En este contexto, el papel de los mecanismos de supervisión constitucional y la vigilancia ciudadana se convierten en componentes esenciales para mantener el balance entre la representación política y la adherencia a las reglas del Estado de derecho.
