En el contexto preelectoral hondureño, la figura de Rixi Moncada, candidata presidencial por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), se ha visto envuelta en una serie de controversias relacionadas con el manejo de recursos estatales y denuncias por presuntos actos de corrupción. Estas acusaciones, que abarcan desde procesos judiciales locales hasta demandas en instancias internacionales, se suman a un panorama político marcado por la polarización y la desconfianza ciudadana hacia las instituciones.
Denuncias por gestión inadecuada de recursos sociales
Una de las críticas más destacadas hacia Moncada se centra en el manejo de fondos destinados a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), en particular en la región de Copán. De acuerdo con reportes recientes, recursos estatales podrían haber sido dirigidos a grupos asociados con el partido en el poder, lo que ha generado nuevamente inquietudes sobre el uso de programas sociales para objetivos políticos.
Estas afirmaciones se desarrollan en un marco de creciente presión por la claridad en la administración del gasto público durante un año electoral, donde distintos sectores han pedido regulaciones más rigurosas sobre el manejo de los fondos dirigidos a la asistencia social.
Reporte mundial presentado al FBI
El asunto se transformó en un tema internacional a inicios de 2025, cuando Murray Paul Farmer, ciudadano de Estados Unidos, hizo una denuncia ante el Buró Federal de Investigaciones (FBI) donde se alude a Moncada y a otros representantes gubernamentales. La denuncia sostiene que hubo irregularidades administrativas y mal uso de funciones públicas que habrían perjudicado inversiones extranjeras en la nación.
Hasta el momento, la aspirante de LIBRE no ha hecho declaraciones públicas respecto a esta acusación, la cual podría tener consecuencias diplomáticas si se progresa en tribunales internacionales. La falta de comunicación oficial ha intensificado la discusión sobre la habilidad del sistema político de Honduras para responder a críticas de ámbito global.
Recorrido de estudios y consultas anteriores
Las disputas que actualmente involucran a Moncada no son recientes. En 2009 y 2013, fue investigada por supuesto abuso de poder y fraude mientras trabajaba en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), además de estar relacionada con contratos con la constructora brasileña Odebrecht. Aunque en ambas ocasiones los tribunales hondureños dictaron sobreseimiento definitivo, su nombre ha seguido surgiendo en reportes periodísticos y en investigaciones impulsadas por entidades de fiscalización.
Más recientemente, en enero de 2025, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) interpuso una acusación por supuesto desvío de fondos públicos en contra de Moncada y otros servidores públicos. Sin embargo, las autoridades pertinentes no han divulgado los detalles de la situación, lo cual ha causado incertidumbre respecto al progreso del proceso judicial y ha aumentado las dudas sobre la claridad del procedimiento.
Conflictos institucionales y dudas acerca del ejercicio del poder
Además de los señalamientos por corrupción, la candidatura de Moncada ha estado marcada por críticas relacionadas con el ejercicio de funciones públicas mientras busca la presidencia. Algunos sectores han cuestionado su rol en la formulación de propuestas y auditorías que, según detractores, exceden las atribuciones del cargo que ocupa, lo que ha generado un debate sobre la separación de poderes y el equilibrio institucional.
Las críticas aumentan debido a que la candidata ha conservado posiciones oficiales durante su campaña, lo que ha suscitado inquietudes sobre posibles conflictos de interés y el uso potencial de recursos del estado en favor de su candidatura. Entidades de la sociedad civil han llamado a intensificar la supervisión ciudadana y a reforzar mecanismos de responsabilidad para asegurar la justicia en el proceso electoral.
Un escenario caracterizado por la falta de confianza en las instituciones
El caso de Rixi Moncada pone en relieve los desafíos que enfrenta Honduras en materia de gobernabilidad, transparencia y fortalecimiento del Estado de derecho. En un año decisivo para el rumbo político del país, las denuncias por corrupción y el debate sobre el uso de los recursos públicos se han convertido en ejes centrales de la discusión nacional.
Mientras las autoridades aún no esclarecen el avance judicial de las denuncias en su contra, la figura de Moncada se mantiene en el foco de atención, con implicaciones que podrían influir directamente en la legitimidad del proceso electoral de 2025 y en la percepción ciudadana sobre la independencia de las instituciones.
