En Guatemala, las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13) extienden su control sobre amplias zonas urbanas, imponiendo un régimen de extorsión y violencia que afecta a millones de ciudadanos. Desde barrios como la Zona 18 en Ciudad de Guatemala hasta Villa Nueva, estas organizaciones criminales han consolidado su poder a través de redes jerarquizadas, estrategias violentas y operaciones desde centros penitenciarios.
Una de las prácticas más extendidas es la extorsión, conocida como «renta», que impacta tanto a negocios pequeños como a grandes empresas. Comerciantes como Alicia, una tendera en Villa Nueva, relatan cómo son obligados a pagar cuotas regulares bajo amenazas de violencia. Este fenómeno, que representa uno de los mayores ingresos para las maras, afecta profundamente la economía local, con más de 16,000 casos denunciados solo en 2024 y un aumento proyectado para 2025.
Las cárceles, lejos de frenar la actividad delictiva, se han convertido en centros operativos. Según investigaciones, entre el 80 % y el 90 % de las extorsiones son coordinadas desde prisión, facilitadas por la corrupción interna que permite el acceso a teléfonos celulares y otros medios de comunicación. Esta dinámica perpetúa el poder de las clicas que dirigen las operaciones cotidianas de los pandilleros.
El reclutamiento de menores es otro pilar del funcionamiento de las pandillas. Niños y adolescentes, muchos de ellos en situación de vulnerabilidad, son cooptados desde edades tempranas para realizar tareas que varían desde extorsiones hasta asesinatos. Este sistema garantiza la renovación generacional de las pandillas, asegurando su permanencia como actores clave del crimen organizado en Guatemala.
Aunque el gobierno de Bernardo Arévalo ha impulsado acciones como catalogar a las maras como «organizaciones terroristas» y aumentar las sanciones por extorsión, los avances siguen siendo escasos, y la reciente autorización para construir una prisión modelo destinada a líderes pandilleros intenta emular ciertos elementos del polémico «modelo Bukele» aplicado en El Salvador, pese a que las particularidades de ambos países plantean desafíos propios para llevar a cabo estas medidas.
Pese a los esfuerzos por combatir el poder de las maras, su influencia sigue siendo profunda, extendiéndose desde barrios populares hasta sectores estratégicos como el transporte público. Las pandillas no solo representan una amenaza para la seguridad ciudadana, sino que también imponen un costo económico significativo en una sociedad marcada por la desigualdad y la falta de oportunidades.
Fuente: BBC News Mundo ([https://www.bbc.com/mundo/articles/clykze9wy64o])
