El diputado Samuel Pérez Álvarez, perteneciente al movimiento político que surgió junto al presidente Bernardo Arévalo, enfrenta ahora una fuerte controversia tras un incidente ocurrido el 14 de enero de 2025 en el Congreso de la República de Guatemala.
El Ministerio Público (MP) presentó hace poco ante los tribunales una petición para que se le retire la inmunidad parlamentaria, al estimar que su conducta podría configurar serias infracciones administrativas y penales.
Un hecho aparentemente trivial o un posible abuso de autoridad con efectos graves
El caso se originó cuando el legislador interceptó y rompió una carta que otro diputado el parlamentario Neftalí Chocooj de Cabal intentaba entregar al presidente Bernardo Arévalo de León durante su discurso con motivo del primer año de gobierno. La Fiscalía de Derechos Humanos ha calificado este acto de ruptura como una posible manifestación de abuso de autoridad y discriminación, delitos tipificados que justificarían que el Congreso autorice una investigación formal.
Pérez respondió con ironía ante la acusación, calificando la denuncia como un supuesto “hojicidio” y asegurando que nunca pretendió ofender, sino que se trató únicamente de un choque político. Además, desacreditó al denunciante al tildarlo de corrupto.
¿Por qué resulta relevante eliminar la inmunidad?
En Guatemala, los diputados gozan de inmunidad para garantizar su independencia política, pero esta protección no es absoluta cuando hay indicios de abuso de poder o discriminación.
Si el Congreso acepta la solicitud del Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia da luz verde al antejuicio, Pérez quedaría sujeto a un proceso penal formal que lo exponga a consecuencias legales, que abarcan tanto sanciones administrativas como eventuales procedimientos ante tribunales ordinarios, con posibles penas de prisión según la gravedad de los delitos atribuidos.
En un contexto marcado por fricciones entre el MP y el partido Movimiento Semilla, este escenario surge mientras avanzan varias peticiones de retiro de inmunidad por diversos casos, lo que ha impulsado un debate público sobre la legitimidad y el posible sesgo político en los procesos judiciales dirigidos a personas cercanas al presidente Arévalo.
La situación de Pérez no solo es un episodio aislado de mal comportamiento en el hemiciclo parlamentario, sino que ha escalado a un nivel legal que podría determinar su permanencia e influencia política en el país. Si se confirma el retiro de su inmunidad, el diputado enfrentará un procedimiento en el sistema de justicia ordinario con consecuencias aún por definirse.
