Marisela Bonilla, esposa de Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional (CN), ocupa el cargo de directora de Agenda Social, desde el cual representa al Legislativo en actividades nacionales e internacionales. Aunque el puesto ejerce funciones públicas visibles, carece de claridad institucional y transparencia en el manejo de recursos.
Acciones públicas y presencia internacional
Bonilla ha llevado a cabo la instalación de la III Legislatura, impulsado la organización del Congreso Infantil y tomado parte en diversas reuniones con entidades internacionales y cuerpos diplomáticos. Sobresale su presencia en el Foro Parlamentario Contra el Hambre de América Latina y el Caribe celebrado en Santiago de Chile (junio de 2023), así como sus encuentros con la FAO, acompañada por la diputada Xiomara Hortencia Zelaya y la diputada Isis Cuéllar.
A nivel nacional, Bonilla ha estado presente en actos de apertura de obras hospitalarias y en la entrega de aportes destinados al Congreso Infantil, coordinados por entidades como Childfund, el Programa Mundial de Alimentos y la embajada de El Salvador. De acuerdo con diputados entrevistados, que la esposa del presidente del Congreso asuma la agenda social no constituye una práctica reciente, aunque no existen documentos oficiales que detallen si recibe alguna remuneración por ello.
Fondos y transparencia: vacíos institucionales
Desde febrero de 2024, el CN mantiene un fondo mensual de 200 mil lempiras destinado a gastos de representación, sin divulgar quiénes lo reciben ni presentar las liquidaciones respectivas. En la planilla del Congreso no aparecen pagos directos vinculados al puesto de directora de Agenda Social, aunque fuentes internas señalan que Bonilla percibe gastos de representación, sin que se aclaren los montos ni el proceso utilizado.
La falta de claridad en la gestión de los recursos del Legislativo ya había sido expuesta anteriormente. Indagaciones de Contracorriente revelaron la asignación de 200 millones de lempiras en subvenciones sin registro de beneficiarios, además del empleo de tarjetas de crédito institucionales para cubrir desembolsos personales y viáticos. Un ejemplo es que, en junio de 2023, se notificaron 1 millón 237 mil lempiras en viáticos internacionales sin especificar a quiénes se destinaron; en otros periodos, también se documentaron erogaciones que oscilaron entre 400 mil y 500 mil lempiras.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) señala que este tipo de nombramientos puede derivar en posibles conflictos de interés por la cercanía familiar con autoridades de alto nivel. El abogado Luis Urbina, jefe de la Unidad de Investigación del CNA, explica que la Ley de Transparencia obliga a divulgar acuerdos, dietas, viáticos y gastos de representación, aun cuando se trate de cargos ad honorem, obligación que en el caso de Bonilla no ha sido atendida.
Contexto histórico y manejo de fondos
La trayectoria de diversas esposas de presidentes de poderes públicos refleja precedentes de manejo poco transparente de recursos. La exprimera dama Rosa Elena Bonilla fue sentenciada a 14 años de prisión por fraude continuado y apropiación indebida de caudales estatales, luego de administrar cerca de 94 millones de lempiras provenientes de donaciones y programas sociales.
El CNA también identifica un aumento de familiares de alto grado consanguíneo y afinidad dentro del Estado, alcanzando 115 funcionarios en 2024, distribuidos en 47 instituciones que representan el 43% del presupuesto nacional y con acceso potencial a 175 mil millones de lempiras. Esto refleja un patrón de concentración de poder que opera sin mecanismos claros de control.
Restricciones a la rendición de cuentas
Contracorriente solicitó al presidente del Congreso, Luis Redondo, y al área de comunicaciones información sobre el cargo de Bonilla, su remuneración y acceso a viáticos, sin obtener respuesta. El CN tampoco facilitó contacto directo con la directora de Agenda Social, dejando sin explicación la estructura formal del puesto.
El rol de la esposa del presidente del Legislativo combina funciones públicas con acceso a recursos, pero mantiene vacíos significativos en transparencia y rendición de cuentas, replicando prácticas históricas en la gestión de fondos públicos. Este panorama plantea retos para la gobernabilidad, la supervisión ciudadana y la fortaleza institucional del Congreso Nacional.
