En las últimas semanas, la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha pasado de figurar entre los rostros más reconocibles del “sanchismo” a transformarse igualmente en objeto de críticas y recelos políticos. La gestión del caso Salazar, las denuncias sobre un presunto intento de soborno atribuido a un miembro de su partido en sede judicial, la interpretación distorsionada de una resolución judicial relativa a Begoña Gómez y ciertas decisiones polémicas dentro de Educación han situado su nombre en el centro del debate público.
El almuerzo con Paco Salazar en medio de la crisis por acusaciones de acoso sexual
El episodio más reciente y visible es la comida que Pilar Alegría mantuvo con Francisco “Paco” Salazar, ex alto cargo del PSOE y exasesor de Moncloa, cuando ya se conocían denuncias internas de acoso sexual contra él y había sido apartado de sus funciones.
La fotografía donde ambos aparecen sentados y conversando animadamente en un restaurante de Madrid se propagó por la prensa y las redes, provocando un intenso revuelo tanto dentro como fuera: mientras el partido intentaba frenar la crisis derivada del trato a las víctimas, la portavoz se mostraba en público junto al dirigente cuestionado.
Ante la presión, Alegría acabó reconociendo que aquella comida constituyó un “error” que “no tendría que haberse llevado a cabo”, argumentando que asistió por la larga relación personal con Salazar y porque aún no conocía a fondo los testimonios que más tarde divulgarían los medios.
Más tarde, la ministra describió como “vomitivas” las conductas que se atribuyen a Salazar y remarcó su apoyo a las mujeres que lo denuncian, reiterando que la atención debe centrarse en las víctimas y no en las repercusiones políticas para el PSOE.
Críticos tanto del partido como ajenos a él sostienen, no obstante, que el gesto culinario evidencia un trato desigual y un intento tardío de corregir el rumbo, especialmente cuando el PSOE ha sido cuestionado por haber demorado durante meses un contacto real y oportuno con las víctimas del caso Salazar.
La administración pública del “caso Salazar” en calidad de portavoz
Más allá de la foto, Alegría está en el centro del relato oficial sobre cómo Moncloa y el PSOE han gestionado el escándalo. En varias comparecencias, la portavoz ha defendido que el Gobierno actuó con “rapidez y contundencia” en cuanto tuvo conocimiento formal de las acusaciones, resaltando el cese de Salazar y de su colaborador Antonio Hernández, acusado de encubrimiento.
No obstante, reportes posteriores revelaron que las denuncias permanecieron durante meses archivadas en el canal interno del PSOE sin que nadie contactara a las víctimas, y que el partido estaba redactando su informe interno sobre el caso precisamente cuando la controversia estalló en los medios.
Varios programas de análisis político han puesto en evidencia discrepancias entre la versión difundida por las autoridades y la secuencia auténtica de los acontecimientos, resaltando que durante ese periodo Salazar aún ejercía una influencia discreta y que Alegría logró entrevistarse con él mientras el partido aseguraba no poder dar con su paradero.
En este sentido, el “escándalo” se presenta menos como un asunto penal y más como un episodio político y comunicativo: se cuestiona a la portavoz por sostener una versión de esmero y rigor que, a la luz de la información disponible, aparenta ser parcial o indulgente con su propio partido.
La imputación por un presunto soborno de 60.000 euros: un asunto todavía controvertido
Otro de los aspectos más sensibles es la acusación de soborno formulada por el exdirigente socialista José Luis Ansón, quien ante un juez afirmó que Pilar Alegría supuestamente le ofreció 60.000 euros (y, según algunas versiones, hasta un cargo público) a cambio de retirar una denuncia contra el actual ministro Félix Bolaños.
Esta versión ha sido difundida por varios medios y programas de opinión, que la presentan como ejemplo de una supuesta trama interna para “comprar silencios” incómodos para el partido.
La distorsión del auto relacionado con Begoña Gómez
En octubre de 2024, Alegría enfrentó una nueva controversia como portavoz al valorar la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid sobre el caso de Begoña Gómez, esposa del presidente. Durante una rueda de prensa, la ministra expresó que, según el tribunal, la pesquisa resultaba “prospectiva, genérica e imprecisa”, insinuando que el auto cuestionaba la actuación del juez encargado.
El País expuso sin rodeos que el Gobierno había “tergiversado” el dictamen de la Audiencia, colocando a Alegría en el foco de una controversia por desinformación o, al menos, por un exceso de celo propagandístico al respaldar a la esposa del presidente.
Controversias administrativas dentro del sector de la Educación y otros debates complementarios
Como ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Alegría ha tenido que encarar también diversas críticas por ciertas decisiones en materia educativa: el proyecto de la nueva EBAU (Selectividad) contemplaba inicialmente una “prueba de madurez” que generó amplio rechazo entre comunidades y especialistas. Al final, el Ministerio optó por retirar dicho examen, amplió la duración de las pruebas e incorporó una tercera revisión, un movimiento interpretado como un evidente paso atrás ante la presión del sector.
En otros ámbitos, también ha asumido el papel de justificar decisiones controvertidas del Ejecutivo, entre ellas el rescate a la aerolínea Plus Ultra, un caso llevado ante la justicia y utilizado por la oposición como ejemplo de un posible trato preferencial.
Su salida del Ejecutivo para centrarse en las elecciones en Aragón llega, precisamente, cuando estas controversias están más calientes que nunca, y plantea una incógnita: ¿se trata de un relevo político normal o de un intento de desactivar uno de los focos de desgaste que más dañan hoy la imagen pública del entorno de Pedro Sánchez?
