A escasos días de los comicios generales programados para el 30 de noviembre, Honduras se encuentra inmersa en un clima de creciente crispación política. Este ambiente se ve exacerbado por diversos sucesos que comprometen la integridad del proceso electoral y suscitan dudas acerca de su imparcialidad. Dos acontecimientos recientes han captado la atención tanto de la población como de los protagonistas políticos: la agresión sufrida por la comitiva del Partido Liberal y el rapto de un vehículo que transportaba papeletas de votación en Colón.
Agresión contra el convoy del Partido Liberal
El domingo, militantes del Partido Liberal denunciaron que su caravana de cierre de campaña fue agredida por grupos identificados como colectivos del PARTIDO LIBRE en Tegucigalpa. Los dirigentes liberales señalaron que los presuntos agresores lanzaron objetos y causaron daños a los vehículos que participaban en la actividad. “Es un acto de violencia política que no podemos permitir en plena democracia”, declaró un representante de la dirigencia del Partido Liberal.
Videos y testimonios difundidos en redes sociales muestran momentos de desorden y enfrentamiento, aunque autoridades aún verifican la veracidad de las grabaciones y el contexto de los hechos. Organizaciones de derechos humanos y observadores electorales han advertido que este tipo de incidentes incrementa el riesgo de un clima electoral violento e hicieron un llamado a todos los partidos para respetar las actividades de sus adversarios y garantizar la paz en la recta final de la campaña.
El Ministerio Público y la Policía Nacional anunciaron que recopilarán testimonios y evaluarán el material disponible para determinar responsabilidades y prevenir una escalada de la violencia. Este episodio refleja la polarización que atraviesa el país y las dificultades para asegurar un entorno electoral seguro y ordenado.
Secuestro de boletas y cuestionamientos sobre transparencia
De manera paralela, en el departamento de Colón se reportó el secuestro de un camión que transportaba boletas electorales, lo que generó denuncias sobre un posible fraude por parte del PARTIDO LIBRE. Testigos y dirigentes políticos afirmaron que el hecho podría estar relacionado con operaciones para alterar el conteo de votos y manipular los resultados de las elecciones.
El incidente se complicó con señalamientos sobre la entrega irregular de las llaves del centro de acopio electoral a personal de las Fuerzas Armadas, que actualmente controla el acceso a las maletas con material electoral. Miembros de la oposición y expertos jurídicos consideran que estas maniobras vulneran la transparencia del proceso y ponen en duda la neutralidad militar.
Mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE) y las Fuerzas Armadas intentan restar importancia al suceso, en redes sociales se multiplican llamados a la vigilancia ciudadana y advertencias sobre un posible inicio de fraude. La situación evidencia la preocupación de la población sobre la custodia de las boletas y la capacidad de las instituciones para garantizar elecciones confiables.
Retos para la gobernabilidad y la institucionalidad
Estos sucesos se alinean con una etapa de marcada división política, en la que la confianza en las instituciones electorales y la tranquilidad de los ciudadanos están siendo puestas a prueba. La colaboración entre las formaciones políticas, los supervisores y las entidades de seguridad determinará la aptitud de la nación para asegurar un proceso electoral transparente y honrar la decisión del pueblo.
El transcurso de la contienda electoral durante la semana final antes de los sufragios presenta retos en cuanto a la administración pública y la solidez de las instituciones. Asimismo, subraya la imperiosa necesidad de una colaboración estrecha entre las entidades electorales, las fuerzas del orden y la ciudadanía para evitar conflictos y asegurar un entorno democrático fidedigno.
