La candidata presidencial de LIBRE, Rixi Moncada, anunció que de llegar al poder impulsará la eliminación de la Central de Riesgos a partir del 27 de enero de 2026. La propuesta, presentada como un mecanismo para ampliar el acceso al crédito y “democratizar la economía”, ha desatado un intenso debate político y económico en Honduras, al confrontar visiones opuestas sobre la sostenibilidad de las instituciones financieras y el impacto en la población endeudada.
Un planteamiento disruptivo en el sistema financiero
Moncada afirma que más de dos millones de personas en Honduras están inscritas en la Central de Riesgos y son considerados como «criminales», lo que, según ella, les excluye de posibilidades económicas y de obtener créditos formales. Su propuesta busca restringir lo que califica como monopolios que funcionan con altas tasas de interés en detrimento de pequeños productores y emprendedores.
El proyecto se enmarca en una narrativa de confrontación con sectores empresariales y financieros, donde la candidata de LIBRE busca presentarse como alternativa frente a estructuras que considera excluyentes. Para sus simpatizantes, la medida representa una vía de alivio para familias y trabajadores atrapados en deudas que no logran solventar, a quienes la Central de Riesgos mantiene fuera del circuito crediticio formal.
Reacciones y advertencias de sectores económicos
Desde el ámbito técnico, las alertas no se han hecho esperar. El ex presidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS), José Luis Moncada, calificó la propuesta como “irresponsable” y advirtió que politizar el sistema financiero implica “jugar con los recursos de los hondureños”.
Economistas consultados en medios nacionales han señalado que la eliminación de la Central de Riesgos, sin un modelo alternativo que preserve la confianza de los inversionistas y bancos, podría derivar en un encarecimiento del crédito, una reducción de la oferta de préstamos y el debilitamiento de la inversión privada.
Los detractores afirman que la acción generaría consecuencias instantáneas en la estabilidad del sistema financiero, al privar a los bancos de un método fundamental para verificar la solidez financiera de quienes piden préstamos. En este contexto, el peligro de incumplimiento podría extenderse a toda la economía, impactando a consumidores y negocios por igual.
Polarización política y tensiones sociales
La iniciativa ha sido acogida con entusiasmo por aquellos sectores que consideran a la Central de Riesgos un impedimento para la inclusión económica. Para muchos grupos de la población, el compromiso de Rixi Moncada representa una oportunidad de equidad económica ante años de prácticas financieras que consideran limitantes y excluyentes.
En contraste, opositores y expertos consideran que se trata de un movimiento con alto contenido populista, diseñado para captar apoyo electoral inmediato, pero con potencial de desestabilizar a largo plazo la gobernabilidad económica del país. La discusión no solo involucra aspectos financieros, sino también la capacidad de las instituciones para garantizar reglas claras y previsibles en un entorno político ya marcado por la confrontación y la desconfianza.
Un debate abierto sobre gobernabilidad económica
El comunicado de Rixi Moncada ha destacado uno de los asuntos más delicados para el siguiente gobierno: la manera de balancear el acceso al crédito con la necesidad de preservar un sistema financiero operativo y confiable. Esta medida, si se lleva a cabo, afectará no solo las finanzas personales de muchos hondureños, sino también la interacción del Estado con las compañías privadas y la percepción global sobre la seriedad de las políticas económicas de Honduras.
El futuro de la Central de Riesgos se ha convertido así en un símbolo del dilema entre justicia social y estabilidad institucional. Entre las promesas de democratizar la economía y las advertencias de un deterioro en la confianza financiera, el país enfrenta una discusión que definirá el rumbo de su gobernabilidad y su capacidad de atraer inversión en los próximos años.
