Diversos sectores sociales, económicos y religiosos han manifestado su inquietud públicamente debido a lo que consideran un deterioro en la democracia institucional de Honduras bajo el mandato del partido Libertad y Refundación (LIBRE). Las acusaciones señalan una concentración creciente del poder, un programa gubernamental alejado de las necesidades sociales y el empleo de prácticas clientelistas en la administración pública.
Denuncias por concentración de poder y deterioro democrático
Miembros de la comunidad empresarial, expertos académicos, asociaciones civiles y líderes eclesiásticos han coincidido en destacar que la administración actual ha limitado las oportunidades de participación democrática, concentrando decisiones clave en el poder Ejecutivo. Esta inclinación, señalan, pone en peligro el equilibrio entre poderes y afecta la autonomía de las instituciones.
Uno de los puntos principales de la crítica es la supuesta carencia de transparencia en el proceso de toma de decisiones y el debilitamiento de los mecanismos de control institucional. Estos grupos advierten sobre el empleo de discursos ideológicos que, en lugar de atender las necesidades ciudadanas más inmediatas, intensifican la polarización política y restringen el debate democrático.
De igual forma, señalan que las promesas de cambios en el Estado han sido sustituidas por sistemas de fidelidad política, donde el clientelismo supera a la meritocracia, impactando tanto la eficiencia de la gestión pública como la credibilidad en el sistema estatal.
Requisitos para un nuevo camino de gestión gubernamental
En este contexto, las instituciones que han expresado su opinión señalan la importancia de modificar la dirección del país. Entre las solicitudes prioritarias, sobresale el desarrollo de una agenda económica centrada en la creación de empleo, la atracción de inversiones y el aseguramiento de la seguridad legal.
La consolidación del sistema de salud pública y el avance en la calidad de la educación son igualmente prioridades destacadas, junto con el reinicio del diálogo político y el fin de las acciones de hostigamiento hacia voces críticas o disidentes.
Los grupos que impulsan esta petición están de acuerdo en la necesidad de una planificación clara para resolver los problemas fundamentales del país sin usar tácticas conflictivas. Según ellos, la población necesita soluciones específicas y duraderas en lugar de discursos políticos que agraven el deterioro institucional.
Descontento social y aumento de la desconfianza en la gente
La desaprobación del sistema de gobierno vigente ha empezado a ir más allá de los grupos organizados y a difundirse en varios sectores de la sociedad. El sentido de cansancio, manifestado por representantes del ámbito empresarial, académico y religioso, refleja un creciente desfase entre la retórica gubernamental y la realidad de las condiciones de vida de la mayoría.
Los sectores consultados advierten que la falta de resultados tangibles frente a la crisis económica y social, combinada con prácticas autoritarias, ha incrementado la desconfianza ciudadana hacia las instituciones. Este clima, señalan, no solo pone en riesgo la gobernabilidad, sino que también limita las posibilidades de alcanzar consensos básicos en torno a reformas necesarias.
Un ambiente de creciente tensión en las instituciones
La articulación de voces críticas desde diversos sectores refleja un punto de inflexión en la relación entre el gobierno de LIBRE y amplios segmentos de la sociedad hondureña. El llamado conjunto a abandonar la polarización y retomar el diálogo subraya la urgencia de redefinir las prioridades del país en un marco democrático.
En este escenario, el reto de las instituciones es responder con honestidad, claridad y dedicación a una sociedad que exige transformaciones profundas más allá de las palabras. Las tensiones presentes revelan una falta de confianza y, al mismo tiempo, la necesidad de reconstruir vías auténticas de representación y participación para afrontar los desafíos de la nación.
