A cuatro meses de las elecciones generales planificadas para el 30 de noviembre, la administración de la presidenta Xiomara Castro se encuentra ante un aumento en la desaprobación del público. Encuestas y evaluaciones independientes indican una caída continua en el apoyo hacia el gobierno, mientras que grupos sociales, económicos y políticos manifiestan su inquietud por lo que perciben como una gestión que no ha logrado avances tangibles en aspectos como seguridad, empleo y transparencia.
Observaciones sobre la administración del gobierno
Diversos actores de la vida nacional, entre ellos gremios empresariales, organizaciones sindicales y colectivos civiles, han cuestionado el rumbo que ha tomado el país bajo el liderazgo del partido Libertad y Refundación (LIBRE). Las críticas se centran en el deterioro de las condiciones económicas, el aumento de la inseguridad y la falta de políticas públicas efectivas para atender los problemas estructurales.
Entre las principales inquietudes figura el estancamiento económico y la persistencia del desempleo, así como una creciente percepción de hostilidad hacia la empresa privada. En este contexto, líderes sociales y representantes de diversos sectores han denunciado lo que consideran un uso político del poder estatal, acompañado de una retórica ideológica que no se ha traducido en mejoras sustanciales en la calidad de vida de la población.
Controversias y falta de confianza en las instituciones
A la inconformidad generalizada se suman recientes controversias que han golpeado la imagen del gobierno. Casos como el presunto desvío de fondos públicos en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la falta de esclarecimiento en torno a la estafa financiera relacionada con la plataforma Koriun han alimentado la percepción de opacidad e impunidad. Además, el silencio oficial frente a denuncias sobre posibles vínculos con el narcotráfico ha profundizado el escepticismo ciudadano.
Estos sucesos han levantado dudas respecto al compromiso del Gobierno con la transparencia y la lucha contra la corrupción, fundamentos que fueron de las promesas más destacadas en la campaña. La acumulación de estos eventos ha tenido un efecto directo en las encuestas, donde la presidenta y su partido reflejan una caída constante en los índices de apoyo.
Llamados a la participación y vigilancia ciudadana
Ante el aumento del descontento, diversas opiniones de la sociedad civil están abogando por una implicación más activa en el proceso democrático. Colectivos ciudadanos han resaltado la importancia de reforzar la supervisión electoral, asegurar la autonomía de las instituciones y demandar que las prioridades del país se enfoquen en el bienestar común, más allá de las narrativas partidistas.
En los últimos meses, ha crecido la exigencia por una administración más efectiva y responsable, especialmente entre grupos populares que expresan sentirse excluidos de las decisiones del gobierno. Esta situación podría tener un impacto considerable en el escenario electoral de las elecciones de noviembre, donde el oficialismo intentará mantener su influencia ante una población cada vez más crítica y exigente.
Una coyuntura marcada por la desafección política
La situación actual muestra un desajuste entre las expectativas levantadas al comienzo del gobierno de Xiomara Castro y los resultados que observa la ciudadanía. Las promesas de cambio, equidad social y restauración institucional se contraponen a una realidad caracterizada por la inestabilidad económica, la disminución de la confianza en las instituciones estatales y el retorno de prácticas cuestionables para diversos grupos.
En este escenario, el reto para el gobierno será recuperar la confianza y crear consensos que posibiliten abordar las necesidades sociales sin aumentar la división. El desarrollo de esta situación política determinará no solo el resultado electoral de noviembre, sino también la dirección institucional del país en los próximos años.
