La Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) no formará parte de los logros del gobierno de Xiomara Castro. Aunque fue presentada como una pieza clave en su plan de gobierno, no pudo materializarse y no se realizará en el actual mandato presidencial, que finaliza en enero de 2026. Al dejar de lado este proyecto, el Gobierno termina un capítulo que había creado grandes expectativas en la población sobre el combate a la corrupción.
El proceso para establecer la CICIH se caracterizó por continuas demoras, extensiones sin efectos y discusiones infructuosas con las Naciones Unidas. El reconocimiento formal del fracaso, declarado por el exministro de Relaciones Exteriores Enrique Reina, apunta a una mezcla de razones que, según él, incluyen tanto impedimentos legislativos como influencias internacionales. Sin embargo, para diversos grupos sociales, esta justificación no resulta satisfactoria.
La promesa rota que debilitó la confianza
Diversas voces de la sociedad civil y del ámbito global coinciden en que la mayor carga de responsabilidad recae sobre el gobierno presente. Según analistas y observadores del desarrollo del proceso, el inconveniente no estuvo en la ausencia de factores externos, sino en la falta de voluntad política del Ejecutivo para honrar los compromisos aceptados.
Desde este punto de vista, la falta de implementación de la CICIH no es un azar ni un desenlace ineludible, sino una elección. Así lo indicó Juan Jiménez Mayor, antiguo portavoz de la MACCIH, quien criticó abiertamente al Gobierno por retroceder en una promesa que había generado altas expectativas. A estas críticas se unió Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), quien fue clara al acusar al partido gobernante de haber usado la CICIH como una estrategia electoral sin realmente querer avanzar en su establecimiento.
Un programa contra la corrupción sin apoyo institucional
La salida de la CICIH del ámbito nacional tiene repercusiones que van más allá del aspecto administrativo. La falta de progresos tangibles ha intensificado la percepción de que el combate a la corrupción carece de herramientas eficientes y de compromiso estatal. La confianza en el Ejecutivo respecto a esta cuestión se ve afectada, en un contexto donde las exigencias de transparencia y responsabilidad siguen siendo apremiantes.
Con un panorama institucional que ya no incluye la implementación del mecanismo internacional, Honduras deja pasar una oportunidad importante para abordar la impunidad de manera estructural. El tiempo que queda en el presente mandato hace poco probable cualquier esfuerzo sustancial para cambiar esta situación, dejando a los ciudadanos con expectativas incumplidas y sin una solución inmediata que supla la falta del proyecto.
Lo que al principio se mostró como emblema de cambio en el sistema político ha acabado siendo otro elemento en la serie de promesas sin finalizar, debilitando de esta manera el discurso gubernamental sobre la lucha contra la corrupción y creando una nueva brecha para la desconfianza del público.
